El próximo 14 de mayo, en Cubará, Boyacá, el Estado colombiano pronunciará palabras que durante décadas negó. Según reporta Infobae, el presidente Gustavo Petro encabezará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional frente al pueblo indígena U’wa, dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será la primera vez que el país ofrece disculpas de esta naturaleza a una comunidad indígena nacional en el marco de un fallo internacional. El gesto tiene peso simbólico. Pero la pregunta que debe formularse es si un reconocimiento sin reparación material constituye justicia o simplemente un acto protocolario sin consecuencias.
La sentencia de la Corte Interamericana, según informan las organizaciones representantes de la comunidad —el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Earth Rights International, la ONIC y Asou’wa—, no se limita a exigir palabras. El fallo ordena al Estado colombiano clarificar los títulos coloniales que pesan sobre el territorio U’wa, sanear integralmente el resguardo unido, garantizar la participación de la comunidad en la administración del Parque Nacional El Cocuy, y mitigar los impactos ambientales derivados de décadas de actividad extractiva. El plazo para ejecutar estas medidas vence el 20 de diciembre de 2026. Hasta ahora, según Earth Rights International, ninguna de estas órdenes se ha cumplido.
El conflicto tiene raíces profundas. Infobae recuerda que en la década de los noventa el gobierno colombiano autorizó exploraciones petroleras en el bloque Samoré, posteriormente renombrado Gibraltar. La oposición del pueblo U’wa no fue casual ni caprichosa: para esta comunidad, el petróleo representa la sangre de la tierra, y su extracción equivale a una herida mortal en su cosmovisión. No se trata de una figura retórica sino de una ontología que estructura su relación con el territorio. La resistencia U’wa fue la defensa de una forma de vida amenazada por el extractivismo sin consulta previa efectiva ni participación real en las decisiones que afectaban su existencia colectiva.
La Corte Interamericana reconoció esa violencia histórica. Según el fallo, Colombia vulneró derechos fundamentales del pueblo U’wa relacionados con el ejercicio de su autonomía sobre el territorio, el reconocimiento de la propiedad colectiva y la posibilidad efectiva de participar en decisiones sobre proyectos extractivos. Pero el reconocimiento judicial no basta si el Estado no traduce las palabras en hechos. No hay clarificación de títulos coloniales. No hay saneamiento del resguardo. No hay coadministración del nevado del Cocuy. No hay mitigación de los daños ambientales acumulados por décadas de explotación petrolera y ataques armados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que según las denuncias de la comunidad han contaminado fuentes hídricas y provocado desplazamientos.
El acto del 14 de mayo será transmitido, fotografiado, documentado. Habrá discursos sobre dignidad, memoria y reparación. Pero si el Estado no cumple las órdenes materiales de la Corte antes de que expire el plazo en diciembre, ¿qué valor tendrá ese perdón? La pregunta no es retórica. Un reconocimiento público que no se traduce en restitución territorial, en participación efectiva en la gestión de áreas protegidas y en mitigación de daños ambientales pierde su fuerza moral y se convierte en un ejercicio de legitimación simbólica sin transformación real.
No se trata de deslegitimar el valor simbólico del reconocimiento público. Las palabras importan, especialmente cuando provienen de un Estado que durante décadas negó su responsabilidad. Pero las palabras sin acciones concretas pierden su peso. El pueblo U’wa no necesita únicamente que el presidente reconozca el daño. Necesita que el Estado restituya sus territorios, respete su autonomía, garantice su participación en la gestión de áreas protegidas y repare los impactos ambientales que amenazan su supervivencia física y cultural.
La sentencia de la Corte Interamericana establece un precedente. Es la primera vez que una comunidad indígena colombiana logra que su caso sea examinado y fallado en esa instancia. El fallo debería marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Pero los precedentes solo tienen sentido si se cumplen. De lo contrario, son jurisprudencia muerta.
El gobierno tiene hasta diciembre para demostrar que el reconocimiento público no es un acto aislado sino el inicio de una reparación integral. Si el plazo vence sin avances sustanciales, el perdón de Cubará será recordado como una oportunidad perdida. Y el pueblo U’wa tendrá una razón más para desconfiar de las promesas del Estado.