A cinco días de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para monitorear el ecosistema digital durante el fin de semana electoral. Como reportó La Opinión de Cúcuta, la ministra de TIC, Carina Murcia, habló de operaciones coordinadas de interferencia digital orientadas a amplificar narrativas y erosionar la confianza ciudadana. El ColCERT, agregó la funcionaria, detectó patrones técnicos de distribución.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que una noticia falsa viralizada puede causar más daño a la democracia que una acción violenta. La frase, recogida por el mismo medio, tiene peso retórico y exige contexto:Colombia arrastra décadas de violencia atribuible a grupos armados ilegales que, según reportes de la Fiscalía y la Defensoría, controlan corredores, imponen candidatos y hostigan a la población civil. Equiparar el daño de una fake news con el de un hecho violento es, como mínimo, una comparación desafortunada que corre por cuenta del funcionario, no de la cartera.
Cinco frentes, cero cifras
El monitoreo del ColCERT cubre cinco líneas, según el reporte oficial: portales del Estado y riesgos en sistemas institucionales, credenciales expuestas, desinformación en medios digitales, deepfakes y suplantación de actores electorales. La ciudadanía recibió además una recomendación operativa razonable: consultar canales oficiales de la Registraduría y el CNE, verificar autenticidad, desconfiar de mensajes alarmistas y denunciar incidentes.
Faltan los datos. ¿Cuántas operaciones de interferencia se detectaron? ¿Qué plataformas concentran los patrones? ¿Hay indicios de origen extranjero o de financiación, como se ha documentado en otros procesos electorales de la región? Un PMU Cibernético que publique indicadores verificables, contenido removido, redes detectadas, tiempos de respuesta y enlaces a las publicaciones originales, servirá a la transparencia. Uno que opere como caja negra generará el efecto contrario al que dice perseguir.
El riesgo del término “interferencia”
Hay un punto de equilibrio delicado. La ministra Murcia diferenció las operaciones detectadas de las publicaciones espontáneas y de la crítica política ordinaria. La distinción es pertinente, pero también abre un frente de preocupación. ¿Quién define el umbral entre crítica legítima y operación coordinada? ¿Con qué metodología? ¿Bajo qué control judicial o ciudadano?
En La Bitácora hemos sido críticos del uso instrumental del Estado por parte del gobierno actual. Eso no nos impide reconocer que proteger el ciberespacio electoral es una obligación legítima del Ejecutivo. La cuestión no es de competencia sino de garantías. La historia reciente de Colombia, con episodios de chuzadas, interceptaciones y plataformas de espionaje al margen de la ley, obliga a preguntar por los protocolos, los veedores y la cadena de custodia de la evidencia digital que el ColCERT dice haber acopiado.
La transparencia como prueba
La segunda vuelta se juega en las urnas el 21 de junio. El componente digital del proceso, desde la divulgación de resultados hasta la conversación pública, es hoy tan decisivo como los puestos de votación físicos. Defenderlo es una buena noticia. Defenderlo con cifras públicas, metodología auditada y control interinstitucional es la prueba que el Gobierno todavía no presentó.
La democracia colombiana no se rompe sólo con balas o con virus. Se deteriora también con declaraciones enfáticas que piden confianza sin devolverla en datos. El domingo, además del resultado electoral, se conocerá el balance de un experimento de protección digital que el país entero está mirando.