El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia siguiente, el primero bajo la administración de María Fernanda De La Espriella. Como reportó Portafolio, el documento conserva la estructura formal de las presentaciones presupuestales recientes: un anexo con supuestos macroeconómicos, un cuadro de ingresos y otro de gastos, y el ya habitual listado de anexos técnicos que el Congreso rara vez examina línea por línea.
El problema no es el formato. Es el contenido disponible para el debate.
En las últimas dos décadas, el presupuesto nacional se ha vuelto un documento opaco por acumulación. La Ley 38 de 1989 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto obligan a presentar clasificación por sector, entidad y objeto del gasto, pero la práctica ministerial ha derivado en anexos agregados que dificultan trazar un peso desde el rubro hasta el contrato. La Contraloría General, en sus auditorías financieras de los últimos cuatro años, ha señalado de manera reiterada que la información presupuestal publicada en el SIIF Nación no permite cruzar apropiadamente apropiaciones, compromisos y pagos sin recurrir a consultas manuales.
Sobre el nuevo proyecto, lo que se conoce hasta ahora son los agregados macro. El crecimiento esperado de la economía, la inflación proyectada, el precio del petróleo de referencia y el déficit fiscal autorizado. Portafolio publicó el 28 de agosto los indicadores financieros del día, incluida una tasa de intervención del Banco de la República en 12,00% y una tasa de usura en 29,66%, variables que condicionan el servicio de la deuda y el costo fiscal de los subsidios, pero que no sustituyen el debate de fondo sobre prioridades.
Tres preguntas quedan sin respuesta en la radicación.
Primera, qué pasará con la regla fiscal. El Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente, ajustado por la administración anterior, estableció una trayectoria de convergencia del déficit que el nuevo gobierno deberá respetar, modificar o sustituir. El proyecto no detalla cuál de las tres opciones adopta. La Comisión Independiente de la Regla Fiscal, creada por la Ley 2155 de 2021, tiene competencia para pronunciarse sobre cualquier modificación, y sería razonable que lo hiciera antes del primer debate en comisiones económicas.
Segunda, cómo se financian los programas sociales anunciados en campaña. Si el gobierno planea mantener la Renta Ciudadana, la devolución del IVA y los programas de empleo rural, el rubro de transferencias debería crecer en proporción al IPC y a la población objetivo. El proyecto menciona las partidas agregadas, pero no desglosa los criterios de focalización ni las coberturas proyectadas. El Departamento Nacional de Planeación tiene la información; el Congreso debería exigirla.
Tercera, cuál es el supuesto de ingresos petroleros y de dividendos de Ecopetrol. La caída de los precios internacionales del crudo durante 2025 redujo los ingresos de la empresa y, por tanto, las transferencias al Presupuesto Nacional. Sin un escenario alternativo explícito, cualquier proyección de inversión pública queda atada a una variable que el Ministerio no controla.
La Bitácora ha sostenido en columnas anteriores que el debate presupuestal colombiano se ha convertido, por costumbre, en una discusión de tres semanas en el Congreso, centrada en los rubros políticamente sensibles y en los cupos territoriales. Esa costumbre es precisamente la que un gobierno que llega con discurso de cambio institucional debería romper. Radicar el proyecto con anexos incompletos o con supuestos macroeconómicos no auditables reproduce el esquema anterior.
La presidenta De La Espriella tiene a su favor dos elementos. Uno, la oportunidad de presentar un Marco Fiscal de Mediano Plano creíble, anclado a cifras verificables y a una ruta de consolidación fiscal que el mercado y las calificadoras puedan modelar. Dos, la posibilidad de abrir los anexos del presupuesto a la ciudadanía en formato abierto, con desagregación hasta el nivel de proyecto de inversión, como ordena desde 2019 la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información.
El Congreso, por su parte, tiene la obligación de no repetir el trámite exprés de vigencias anteriores. La Comisión Cuarta y la Tercera deberían citar a los subdirectores del DNP y del Ministerio de Hacienda antes de la aprobación en primer debate. La Contraloría, en ejercicio de su función preventiva, podría acompañar el trámite con alertas tempranas sobre los rubros de mayor riesgo.
Un presupuesto no se evalúa por su tamaño. Se evalúa por su coherencia con el marco fiscal, por la calidad de su información y por su capacidad de resistir el escrutinio público. En ese examen, el proyecto de De La Espriella todavía no aprueba.