El 24 de julio la representante María Fernanda Carrascal radicó ante el Congreso un proyecto de ley que pretende convertir en norma el CONPES 4143 de 2025 y darle forma institucional al Sistema Nacional de Cuidado. Según reportó Cambio, la iniciativa plantea articular a entidades públicas, familias, comunidades y sector privado alrededor de una política que reconozca el cuidado como derecho y responsabilidad compartida.
El punto de partida es difícil de discutir. La misma nota de Cambio recuerda que nueve de cada diez mujeres en Colombia realizan tareas de cuidado y que más de tres millones de ellas no perciben remuneración por ese trabajo. La Ley 2297 de 2023, conocida como Ley de las Cuidadoras, reconoció esa realidad. El CONPES 4143 trazó la ruta operativa. Faltaba el cascarón legal y, sobre todo, la fuente estable de recursos. El proyecto de Carrascal apunta a llenar ese vacío.
La pregunta que el Congreso no puede eludir es si el cascarón viene acompañado de músculo presupuestal. Un sistema nacional de cuidado implica centros de atención, formación de personal, rutas de salud, apoyos a cuidadores no remunerados y articulación con los municipios. Nada de eso se sostiene con declaraciones en comisión. La representante habló, según Cambio, de “fortalecer la infraestructura y los servicios públicos destinados al cuidado”, sin precisar de dónde saldrán los recursos ni cómo se evitará la duplicidad con programas del ICBF, las cajas de compensación y la oferta de las EPS para poblaciones con dependencia.
También merece atención el modelo de gobernanza. La iniciativa propone una instancia que articule políticas entre distintas entidades del Estado, pero sin un esquema claro de competencias entre nación y territorio, el riesgo es que termine convertida en otro comité coordinador con poca capacidad decisoria. La experiencia reciente con instancias similares sugiere que la articulación sin presupuesto propio se reduce a mesas técnicas y seguimientos semestrales que no llegan al beneficiario.
Hay un punto adicional que conviene revisar con cuidado: el vínculo con el sector privado. Involucrarlo es razonable en una economía mixta, pero la redacción del proyecto, según lo presentado por la congresista en su cuenta de X, no precisa si esa participación será como operador, como aportante o como prestador directo. Cada modalidad tiene implicaciones regulatorias y fiscales distintas, y el Congreso deberá definir cuál adopta.
La discusión de fondo que planteó Carrascal es pertinente: ¿seguiremos dejando el cuidado en manos de las familias o lo asumimos como sociedad? La respuesta no puede quedarse en la declaración retórica. Si el Congreso decide avanzar, el examen serio de ponentes y comisiones debe concentrarse en el articulado financiero, en la claridad de competencias entre niveles de gobierno y en los mecanismos de rendición de cuentas de la instancia de gobernanza propuesta. Una ley de cuidado sin esos tres pilares será un monumento a la buena intención y un fracaso previsible para las mujeres a quienes dice representar.