La decisión del gobierno británico de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años marca un punto de inflexión en la política digital occidental. Al sumarse a Australia, Indonesia y Malasia, el Reino Unido valida una tesis que hasta hace poco era marginal: la autorregulación de las plataformas tecnológicas ha fracasado en la protección de la infancia. Para Colombia, esta movida no es solo una noticia internacional; es un espejo incómodo que refleja nuestra propia inacción regulatoria y la urgencia de alinear nuestra política digital con estándares de seguridad hemisféricos.
Un consenso transatlántico emergente
Lo relevante del anuncio del primer ministro Keir Starmer no es solo la prohibición en sí, sino la compañía en la que se encuentra. Australia fue pionera en 2024 con sanciones millonarias, y ahora Londres, con su peso en los mercados financieros y tecnológicos, eleva el costo de reputación para las plataformas que incumplan. La lista de afectados incluye a TikTok, YouTube, Instagram, X y Snapchat, entre otros. Esto señala que la medida no es un capricho aislado, sino una respuesta coordinada ante evidencia acumulada sobre daños a la salud mental y seguridad de los menores.
En Europa, la tendencia se consolida. España, Noruega y Nueva Zelanda avanzan hacia el umbral de los 16 años, mientras Francia y Grecia optan por los 15. Según reportes de Caracol Radio, incluso países con tradiciones liberales fuertes como Finlandia y Eslovenia están revisando sus marcos legales. Este movimiento sugiere que el debate sobre la “libertad digital” absoluta para menores está siendo reemplazado por un enfoque de salud pública y protección al consumidor, similar al que ya aplicamos al tabaco o al alcohol.
La brecha regulatoria colombiana
Mientras nuestros socios comerciales y aliados políticos construyen muros de contención digital, Colombia permanece en una zona gris. Nuestra legislación actual, anclada en la Ley de Protección de Datos de 2008 y decretos posteriores, establece la edad de consentimiento digital en 14 años, pero carece de mecanismos de verificación robustos. En la práctica, esto significa que tenemos una norma de papel que las plataformas ignoran sistemáticamente porque no existen sanciones disuasorias ni exigencias técnicas de cumplimiento.
El riesgo para Colombia es doble. Primero, nos convertimos en un mercado de prueba para algoritmos y contenidos que otras jurisdicciones ya han rechazado. Segundo, quedamos rezagados en la negociación de estándares digitales con la Unión Europea y el Reino Unido, justo cuando buscamos profundizar relaciones comerciales y de cooperación. Si Londres exige verificación de edad biométrica o documental para operar en su territorio, y Colombia no tiene esa infraestructura, nuestras empresas tech y nuestros usuarios quedan en desventaja competitiva y de seguridad.
Soberanía digital vs. improvisación
Es crucial distinguir entre protección infantil y censura estatal. Como medio que defiende el Estado de derecho, vemos con preocupación cualquier intento de usar la “protección al menor” como excusa para controlar flujos de información política. Sin embargo, el modelo británico y australiano se centra en la responsabilidad corporativa y la verificación técnica, no en el filtrado de contenidos ideológicos. Esa es la distinción clave que Colombia debe adoptar.
La implementación no será sencilla. El propio Starmer reconoció que las tecnológicas presentarán estas redes como un “orden natural” inmutable. Pero la experiencia australiana demuestra que cuando el Estado establece reglas claras y multas proporcionales a los ingresos globales, las plataformas se adaptan. Para Colombia, el camino no es copiar ciegamente, sino adaptar estos estándares a nuestra realidad institucional, evitando tanto la ingenuidad de confiar en la buena fe de Silicon Valley como el autoritarismo de pretender que el Estado modere la verdad.
La pregunta ya no es si debemos regular, sino cómo hacerlo sin sacrificar libertades civiles ni quedar aislados del concierto de naciones que están redefiniendo el contrato social digital. La inacción, en este contexto, es la opción más costosa.