La reciente operación conjunta del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la zona rural de Riohacha, que permitió la liberación de 17 personas retenidas por clanes indígenas, y la confirmación de la entrega de dos agentes de la Dijín en Arauca por parte del ELN, no son hechos aislados. Ambos episodios, ocurridos en junio de 2026, ilustran con crudeza los límites de la política de seguridad actual y reafirman una tesis central para la estabilidad hemisférica: sin una fuerza pública profesional y con respaldo político explícito, el monopolio de la violencia permanece fragmentado y la población civil asume los costos más altos.
La acción militar como recurso humanitario
En La Guajira, la tragedia se consumó antes de que llegara el rescate. Según informó Infobae, el fallecimiento de una bebé de cuatro meses, presuntamente por deshidratación, y las heridas de bala de una niña de diez años habrían sido consecuencia de la ausencia estatal en territorios donde las disputas entre clanes han reemplazado la institucionalidad. Las tropas fueron recibidas con disparos y debieron entablar un combate de encuentro para asegurar la zona, tal como confirmó el coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Gaula Militar del departamento. Este detalle es fundamental: no hubo entrega pacífica ni corredor humanitario funcional. La vía militar fue la única opción viable para restablecer el orden.
Este caso desafía la narrativa que pretende separar la seguridad de la protección social. En contextos de anomia como el de la comunidad Shapurale, la presencia de la fuerza pública no es una amenaza a la autonomía indígena, sino la garantía mínima de supervivencia. Cuando los mecanismos tradicionales de justicia propia fallan o se instrumentalizan para la violencia, el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir. Diversos analistas de seguridad han señalado que la inacción, bajo el argumento del respeto cultural, podría interpretarse como una forma de tolerancia frente a la vulneración de derechos básicos. Desde una perspectiva atlantista y proinstitucional, la defensa de la integridad física de los menores prevalece sobre cualquier consideración de soberanía territorial interna cuando esta se usa para dañar a los más débiles.
Justicia paralela y riesgos para la cooperación
El segundo episodio, en Arauca, expone una patología distinta pero igualmente grave: la normalización de la justicia paralela. Según confirmó el propio grupo armado mediante comunicado, el ELN liberó a los agentes Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza tras considerar “cumplida” una pena impuesta de manera unilateral. Aunque el regreso de los uniformados es un alivio para sus familias, la premisa es inaceptable para cualquier república que aspire al Estado de derecho. Un actor armado no tiene competencia para juzgar, condenar ni ejecutar sentencias contra funcionarios del Estado. Aceptar esta dinámica, aunque sea tácitamente mediante el silencio oficial, valida la existencia de un sistema jurídico alterno que compite con la Constitución.
Más preocupante aún es que, según las comunicaciones del grupo insurgente, otros funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permanecerían secuestrados bajo la misma lógica de penas extralegales de hasta 60 meses. Esto convierte al secuestro no solo en un delito de lesa humanidad, sino en una herramienta de administración de justicia insurgente. Para Colombia, cuyas relaciones internacionales y acceso a mercados dependen de la credibilidad institucional, permitir que actores armados dicten sentencias es un riesgo sistémico. La cooperación judicial con Washington y Bruselas se basa en la premisa de que el Estado colombiano tiene el control exclusivo de la justicia penal. Cada día que un funcionario permanece bajo custodia de un grupo armado, esa premisa se debilita y se erosiona la confianza de los socios estratégicos.
Implicaciones para la región andina
Estos eventos trascienden lo doméstico. En el eje Bogotá-Washington-Brasilia, la capacidad de Colombia para garantizar la seguridad en sus fronteras es un activo geopolítico. La Guajira y Arauca son zonas neurálgicas para el flujo migratorio, el comercio y la cooperación antinarcóticos. Cuando el Estado debe combatir para rescatar civiles o negociar con grupos que se arrogan funciones judiciales, se envía una señal de fragilidad a los socios regionales y a los mercados.
La lección es clara: la política de seguridad no puede ser reactiva ni depender de la buena voluntad de actores ilegales. Requiere una estrategia de presencia permanente, inteligencia técnica y, sobre todo, voluntad política para ejercer la autoridad sin complejos. La inversión extranjera y la integración comercial no prosperan en territorios donde la vida depende de la benevolencia de un clan o de la sentencia de un comandante guerrillero. Recuperar el monopolio de la fuerza y de la justicia no es una opción autoritaria; es la condición indispensable para la prosperidad y la vigencia real de los derechos ciudadanos en la Colombia profunda.