Invamer no publicará una encuesta de intención de voto para la segunda vuelta presidencial. La firma, que mide opinión política en Colombia desde 1994, decidió suspender una serie ininterrumpida de 32 años. La decisión, según reportó Infobae Colombia, fue comunicada por una fuente del Canal Caracol y atribuida exclusivamente a las exigencias de la nueva ley de encuestas: margen de error máximo del 3 % y un tamaño de muestra que, según la fuente, multiplica los costos hasta volver el producto inviable.
El dato no es menor. Invamer Poll era, junto con los estudios del CNC y Datexco, una de las tres referencias históricas de la opinión pública colombiana. Su discontinuidad rompe una serie de tres décadas y elimina uno de los pocos termómetros estables con los que analistas, medios y campañas podían comparar ciclos electorales.
La nueva regulación, además, está produciendo un efecto perverso. Mientras firmas con presencia física y metodologías tradicionales se retiran —la española GAD3 abandonó el país por las mismas razones, según Infobae—, entran al mercado operadores digitales que la propia ley no contempla. AtlasIntel, una firma brasileña, ha publicado dos sondeos para la segunda vuelta con muestras de 2.030 y 3.681 personas y un margen declarado del 2 %. La fuente consultada por Caracol lo dijo sin rodeos: con esas cifras y ese margen, no hay respuesta estadística posible. Y, sin embargo, esos estudios circulan como encuestas.
El problema de fondo es regulatorio. La norma busca rigor metodológico —margen de error estricto, muestras grandes, trazabilidad— pero termina expulsando del mercado a quienes la cumplen. El resultado es el inverso del pretendido: menos encuestas confiables y más mediciones al margen del marco legal. Como advirtió la misma fuente, es un diseño “injusto con quienes la cumplen” y permisivo con quienes la ignoran.
Hay un segundo componente que conviene mirar con frialdad. En la primera vuelta, Invamer proyectó a Iván Cepeda con 44,6 %, a Abelardo de la Espriella con 31,6 % y a Paloma Valencia con 14 %. Los resultados oficiales fueron otros: De la Espriella 43,74 %, Cepeda 40,9 % y Valencia 6,92 %. Diferencias de entre 4 y 13 puntos, y un error de prognosis que ninguna firma de 32 años de trayectoria puede tomarse a la ligera.
La fuente de Caracol desligó la decisión de Invamer de ese descalabro y la atribuyó solo a las restricciones legales. Habría que creerle. Pero la coincidencia es incómoda: la firma que más erró en la primera vuelta es, también, la que se retira antes de la segunda. Aunque la explicación económica sea suficiente, el efecto reputacional sobre la serie Invamer Poll es irreparable. Tres décadas de referencia se interrumpen en un ciclo donde su última medición pública fue, además, la más desafinada.
Hay un tercer elemento, menos visible, que este episodio pone sobre la mesa. Según Infobae, Invamer habría continuado encuestando con recursos propios hasta el 29 de mayo y habría concluido que Cepeda ganaba en primera vuelta, aunque no oficializó esos datos. De ser cierto, la firma disponía de información interna que no publicó —y que, si se compara con el resultado real, habría errado de nuevo en la dirección opuesta—. La opacidad sobre qué se mide, qué se publica y qué se calla es, en sí misma, un problema de transparencia que la nueva ley no resuelve.
La segunda vuelta, por ahora, se mide con AtlasIntel. Una firma digital, brasileña, con dos sondeos publicados, margen estadístico discutible y ventaja amplia para De la Espriella en ambos ejercicios. Que esa sea la única referencia disponible para 50 millones de electores dice más del estado de la regulación de encuestas en Colombia que cualquier columna de opinión.
La Bitácora ha sido crítica del uso político de las encuestas y del clientelismo estadístico. También lo es cuando la solución regulatoria produce el resultado contrario al buscado. Una ley que expulsa a las firmas serias y deja el mercado en manos de operadores al margen no protege al ciudadano: lo desinforma.