El 13 de febrero de 2026, el Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, terminó unilateralmente el contrato con la Canadian Commercial Corporation (CCC) para la construcción del llamado Proyecto Fortaleza: el complejo que debía reemplazar la sede ministerial, implosionada en 2021. Según reportó Cambio, la decisión abrió un flanco financiero que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella recibiría como herencia: la diferencia cambiaria entre lo girado y lo devuelto.
Los números, reconstruidos por Cambio a partir de fuentes del Ministerio y de las Fuerzas Militares, son los siguientes. En agosto de 2022, al final de la administración de Iván Duque, se suscribió el acuerdo con la CCC, con un valor de 1,5 billones de pesos. Se transfirieron 660.000 millones de pesos a una fiducia como anticipo y, dentro de esos recursos, la CCC recibió un fee por 195.375 millones de pesos como utilidad anticipada, sin haber ejecutado obra en territorio colombiano. El 19 de diciembre de 2022, ya bajo la administración de Gustavo Petro y con Iván Velásquez como ministro de Defensa, una enmienda modificó los términos del contrato para que la CCC pudiera percibir ese monto sin mover una sola piedra en Colombia.
La operación inicial se hizo en dólares. El giro de los 195.375 millones de pesos se ejecutó a una tasa representativa del mercado cercana a 4.500 pesos por dólar, equivalentes a aproximadamente 42 millones de dólares, depositados en una cuenta en Canadá. El 23 de marzo de 2026, la CCC notificó al Ministerio su intención de reintegrar los recursos, en cumplimiento de su deber de mitigación. Sin embargo, según fuentes citadas por Cambio, la canadiense advirtió que no respondería por la diferencia cambiaria.
Con una TRM reportada por Cambio en alrededor de 3.442 pesos por dólar, la devolución de los mismos 42 millones de dólares equivaldría a unos 144.564 millones de pesos, es decir, 50.811 millones por debajo del giro original. En dólares, la diferencia sería de 14,7 millones. El Ministerio de Defensa reconoció el 20 de mayo, mediante comunicado citado por Cambio, que el reintegro al Tesoro nacional está en trámite y que los recursos en fiducia han generado rendimientos por 115.977 millones de pesos, mientras que la cuenta canadiense rindió USD 6.949.730.
Lo que está en juego no es menor. Estamos ante un posible detrimento patrimonial por cerca de 50.811 millones de pesos, originado en un contrato que no produjo ni un centímetro de obra, en una enmienda firmada en 2022 que permitió el pago anticipado de utilidades y en una estrategia de cierre que, según Cambio, no contempló un mecanismo de cobertura cambiaria. La pregunta operativa es directa: ¿quién asume el diferencial, la CCC o el Tesoro nacional? Y la pregunta institucional es más incómoda: ¿por qué se autorizó en 2022 una modificación contractual que exponía al Estado a la volatilidad del dólar sin un instrumento de cobertura?
La situación se complica con el calendario político. El Gobierno de Petro tiene los días contados y, según declaró Rodrigo Lara a Blu Radio, citado por Cambio, el equipo empalme del presidente electo De la Espriella indaga sobre aproximadamente 8 billones de pesos en contratos próximos a entregarse en el Ministerio de Defensa. El Proyecto Fortaleza aparece como uno de los expedientes más urgentes.
Desde la perspectiva de la contratación pública, el caso expone tres riesgos que conviene documentar. Primero, la conveniencia de pactar en moneda extranjera sin cobertura. Segundo, la práctica de pagar anticipos de utilidad (fees) sin ejecución verificable. Tercero, la debilidad de los ministerios para forzar devoluciones en condiciones de mercado adversas. La Contraloría y la Procuraduría, según corresponda, deberían evaluar si la enmienda de diciembre de 2022 configuró un riesgo fiscal evitable.
Por ahora, el expediente sigue abierto. La CCC manifestó su disposición a devolver, pero no a asumir la pérdida cambiaria. El Ministerio busca una operación que minimice el daño. El sucesor recibirá un problema de 50.811 millones de pesos, heredado de un contrato firmado por una administración y modificado por la siguiente, sin que se haya puesto un solo ladrillo del complejo que iba a albergar la sede ministerial.