La magnitud de la tragedia en el Eje Cafetero y Chocó exige una respuesta estatal contundente. Las estimaciones preliminares que cifran en 30 billones de pesos las pérdidas directas del terremoto del 10 de agosto superan la capacidad de cualquier presupuesto ordinario. Ante este escenario, el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ha lanzado el “Plan Milagro”, una estrategia que incluye subsidios de arrendamiento y un llamado público al sector financiero para reducir las tasas de interés en los créditos de reconstrucción.
Desde la empatía humana y la urgencia política, la solicitud es comprensible. Desde la técnica económica y la estabilidad de mercados, el enfoque entraña riesgos sistémicos que deben ser gestionados con precisión quirúrgica para evitar que la solidaridad se convierta en escasez de crédito.
La paradoja del crédito dirigido
En teoría, pedir a los bancos que asuman parte del costo de la catástrofe mediante menores márgenes financieros apela a la responsabilidad social corporativa. En la práctica bancaria, el precio del dinero refleja tres componentes: costo de fondeo, riesgo crediticio y margen operativo. Tras un desastre natural de esta magnitud, el riesgo percibido en las zonas afectadas no disminuye; se dispara. La capacidad de pago de hogares y empresas en Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca está severamente comprometida, y la incertidumbre sobre la recuperación económica local eleva la prima de riesgo.
Si el regulador o el Ejecutivo presionan para bajar tasas sin ofrecer mecanismos de mitigación de riesgo (como garantías soberanas, fondos de segunda pérdida o seguros paramétricos), la respuesta racional de las entidades financieras no será prestar más barato, sino racionar el crédito. Es decir, negar préstamos a quienes más los necesitan porque la tasa regulada no cubre el riesgo real. Este fenómeno, documentado ampliamente en literatura de economía de desastres y en experiencias regionales como la reconstrucción post-terremoto en Chile (2010) o México (2017), termina castigando precisamente a los segmentos vulnerables que se busca proteger.
Para que el llamado presidencial funcione, debe ir acompañado de instrumentos técnicos. El Fondo Nacional de Garantías podría ampliar temporalmente su cobertura para créditos de reconstrucción, asumiendo el Estado una porción del riesgo de default. Alternativamente, la banca de desarrollo (Finagro, Bancóldex) podría ofrecer líneas de redescuento con tasas preferenciales, trasladando el subsidio vía balance público y no vía margen privado. Sin estos mecanismos, la exhortación moral corre el riesgo de convertirse en retórica ineficaz o, peor aún, en distorsión de mercado.
Sostenibilidad fiscal y señales a inversionistas
Los 30 billones de pesos estimados equivalen a cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Financiar esta suma requiere claridad sobre las fuentes. Si se opta por mayor endeudamiento, el mercado evaluará si existe espacio fiscal suficiente sin comprometer la regla fiscal o la calificación crediticia soberana. Si se recurre a impuestos temporales o reasignación presupuestal, debe comunicarse con transparencia para no generar incertidumbre regulatoria.
La experiencia comparada enseña que las reconstrucciones exitosas combinan recursos públicos, seguros catastróficos y capital privado bajo marcos institucionales claros. Colombia cuenta con el Fonden (Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) y con acceso a instrumentos como bonos catastróficos emitidos ante el Banco Mundial. Activar estos mecanismos de manera ágil enviaría una señal positiva a los mercados de que la respuesta es técnica y no solo voluntarista.
Además, el llamado a las constructoras para “donar utilidades” merece matiz. La participación privada en reconstrucción es esencial, pero debe estructurarse como asociación público-privada con rentabilidad adecuada al riesgo, no como filantropía obligatoria. Las empresas que participan en reconstrucción necesitan previsibilidad jurídica y flujos de caja predecibles para movilizar maquinaria, insumos y mano de obra a escala. Confundir rol empresarial con caridad puede desincentivar la inversión privada justo cuando la capacidad instalada del sector construcción es crítica.
Evitar el populismo en la emergencia
Nadie cuestiona la necesidad de actuar rápido. Los más de 29.000 hogares destruidos y la afectación a 303 centros de salud exigen celeridad. Pero la historia latinoamericana muestra que las emergencias son terreno fértil para decisiones que, bienintencionadas en el corto plazo, generan pasivos ocultos y distorsiones duraderas. Venezuela y Ecuador ofrecen ejemplos dolorosos de cómo la politización de la reconstrucción derivó en opacidad, sobrecostos y deterioro institucional.
Colombia tiene la oportunidad de demostrar madurez institucional. Eso implica reconocer que la solidaridad financiera requiere ingeniería, no solo voluntad. Implica entender que los bancos son intermediarios de ahorro ajeno y que su solvencia es condición necesaria para la recuperación. Implica, en definitiva, complementar la empatía con técnica.
El “Plan Milagro” puede ser un acierto histórico si se ejecuta con rigor. O puede ser un espejismo si confunde deseos con capacidades. La diferencia entre ambos caminos no está en la intención, sino en el diseño. Y el tiempo para diseñar bien, paradójicamente, es ahora.