Las elecciones de 2026 se aproximan en un contexto de fragilidad institucional que merece atención. Según análisis publicado en La República, existe un patrón que podría repetirse: la movilización de actores de primera línea con financiamiento de estructuras criminales, con el propósito de generar caos social durante el período electoral.
Este escenario no es especulativo. Colombia ha experimentado en años recientes movilizaciones que, más allá de sus motivaciones políticas legítimas, han sido instrumentalizadas por actores armados ilegales. La diferencia entre una protesta orgánica y una operación de desestabilización financiada por el crimen organizado radica en la capacidad de sostenimiento, la coordinación territorial y la disponibilidad de recursos.
La contratación de personas para participar en bloqueos, enfrentamientos con la fuerza pública o actos vandálicos tiene un costo. Ese costo, según reportes de la Fiscalía y análisis de seguridad, ha sido cubierto en ocasiones por estructuras dedicadas al narcotráfico, extorsión y control territorial. El incentivo es claro: un país en convulsión es un país donde prospera la ilegalidad y donde el Estado reduce su capacidad de control.
Desde la perspectiva institucional, esto representa una amenaza doble. Primero, compromete la legitimidad del proceso electoral al crear un ambiente de violencia que afecta la participación libre de ciudadanos. Segundo, debilita la capacidad de respuesta estatal si recursos de seguridad se concentran en contener disturbios en lugar de garantizar transparencia electoral.
Lo que preocupa no es la protesta. Las democracias requieren espacios de inconformidad. Lo que preocupa es la captura de esos espacios por actores que no tienen interés en competencia electoral sino en fragmentación del orden institucional.
Las autoridades competentes —Fiscalía, Policía, DAS— deben anticipar este escenario. Eso significa inteligencia sobre financiamiento de movilizaciones, identificación de coordinadores territoriales con vínculos criminales, y presencia preventiva en zonas de riesgo. No represión indiscriminada, sino disuasión informada.
Para los candidatos y sus equipos, el desafío es diferente: no pueden ser cómplices de esta dinámica. Cualquier campaña que se beneficie de disturbios financiados por criminales compromete su legitimidad futura. La responsabilidad política existe antes de ganar.
Colombia necesita elecciones que reflejen la voluntad ciudadana, no la capacidad de coerción de grupos armados. Eso requiere vigilancia institucional constante y, sobre todo, que los actores políticos reconozcan que su victoria electoral solo tiene valor si se construye dentro de las reglas del juego democrático.