La advertencia de The Nature Conservancy (TNC) sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad no debe leerse como un boletín meteorológico más, sino como un informe de riesgo soberano. Cuando una organización técnica señala que cerca del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano depende directa o indirectamente del agua, está definiendo la hidrología como la variable macroeconómica más crítica de la próxima década. Para la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la gestión hídrica deja de ser un capítulo de la política ambiental para convertirse en el pilar de la estabilidad fiscal y la seguridad energética.
La cuenca Magdalena-Cauca como activo estratégico
La vulnerabilidad no es abstracta. Se concentra en la cuenca Magdalena-Cauca, el verdadero motor de la economía nacional. Como bien advirtió Claudia Vásquez, directora de TNC Colombia, si esta cuenca está en riesgo, la economía misma lo está. Esta afirmación tiene traducción directa en los balances del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda. Una sequía prolongada en esta zona geográfica no solo afecta la generación hidroeléctrica, encareciendo la tarifa y presionando la inflación, sino que golpea la navegabilidad, el transporte de carga y la producción agroindustrial del valle del Cauca y el Magdalena Medio.
Desde una perspectiva de mercado, la cuenca debe tratarse como un activo de infraestructura crítica. Su deterioro equivale a la depreciación acelerada del capital natural que sustenta nuestra ventaja comparativa regional. Mientras países vecinos como Perú o Chile invierten en desalinización y tecnificación de riego ante su aridez estructural, Colombia sigue apostando a la abundancia natural sin la contrapartida en inversión de adaptación. Esa complacencia es un pasivo contingente que los mercados de bonos y las calificadoras de riesgo deberían empezar a priced in con mayor severidad.
Deuda hídrica y resiliencia institucional
El problema se agrava porque los sistemas hídricos nacionales aún no se han recuperado de la sequía de 2023 y 2024. Natalia Acero, líder del Programa de Agua de TNC, explicó que ríos, humedales y embalses arrastran reducciones de niveles que elevan la fragilidad ante un nuevo evento extremo. Esto expone una falla de gobernanza: la ausencia de protocolos de sequía vinculantes y de una planificación basada en cuencas resilientes.
La propuesta de TNC de adoptar el concepto de cuencas resilientes es técnicamente sólida y políticamente necesaria. Implica identificar zonas vulnerables, evaluar su capacidad de abastecimiento y articular conservación con infraestructura gris y verde. Sin embargo, esto requiere superar la fragmentación institucional entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y las corporaciones autónomas regionales. La coordinación actual es reactiva; la resiliencia exige anticipación presupuestal y regulatoria.
Además, el sector agropecuario concentra cerca del 70% de la demanda hídrica. Promover prácticas productivas que regulen el ciclo del agua no es solo ecología, es eficiencia asignativa. En un contexto de posibles aranceles y estándares de sostenibilidad en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos, la huella hídrica de nuestros exportadores será tan escrutada como su huella de carbono. Un agro que agota sus fuentes de agua es un sector con fecha de caducidad comercial.
El costo de la inacción frente al populismo climático
Existe un riesgo político latente. Ante la crisis, la tentación será subsidiar el agua o declarar emergencias para contratar sin planificación, perpetuando el círculo vicioso de la mala gestión. La ventana de acción es corta, como alertan las expertas, y el costo de no actuar será económico, social y ecológico. Pero también será político: la incapacidad de garantizar agua y energía erosiona la legitimidad del Estado de derecho y abre espacio a soluciones autoritarias o populistas que prometen seguridad a cambio de libertades.
El próximo Plan Nacional de Desarrollo debe incorporar la seguridad hídrica con la misma jerarquía que la seguridad ciudadana o la regla fiscal. No se trata de abrazar una agenda verde por estética internacional, sino de proteger los fundamentos materiales de la república. Si la administración De la Espriella entiende el agua como variable de competitividad y estabilidad institucional, habrá dado un paso crucial. Si la trata como un tema sectorial más, estará hipotecando el crecimiento futuro ante un clima que ya no perdona la improvisación.