El primero de agosto de 2026 entró en operación el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y con él se abrió un capítulo de incertidumbre para millones de hogares colombianos cuya clasificación socioeconómica define el acceso a subsidios de salud, educación, vivienda y programas sociales.
El cambio, presentado por el Gobierno como una evolución del Sisbén, reemplaza el antiguo puntaje por una clasificación que cruza información de más de 40 bases de datos oficiales: ingresos reportados, aportes a seguridad social, información tributaria y registros de entidades públicas. La promesa técnica es razonable: mayor precisión en la focalización y menos hogares mal clasificados. La ejecución, hasta ahora, deja dudas.
Como reportó Pulzo, el DNP habilitó la plataforma Ventanilla Social para que los ciudadanos consulten su clasificación en el RUI mediante documento de identidad. El procedimiento es sencillo en el papel: ingresar, seleccionar “Consultar RUI”, digitar el número de identificación y obtener el resultado. La dificultad aparece cuando el ciudadano no encuentra su registro, observa una clasificación que no corresponde a su realidad económica o, peor, descubre que su hogar fue excluido de un beneficio que antes recibía.
El propio DNP reconoció que durante el periodo de transición las clasificaciones del Sisbén将继续 siendo utilizadas. Esa frase, técnicamente correcta, esconde un problema operativo: dos sistemas corriendo en paralelo implican dos lógicas de elegibilidad. Los municipios, los operadores de salud y los administradores de programas sociales deberán decidir, caso por caso, cuál clasificación prima. Sin un lineamiento único y verificable, la discrecionalidad queda en manos del funcionario de turno.
Hay además un riesgo de diseño que conviene señalar. El RUI depende del cruce de información que reportan otras entidades. Si una persona subdeclaró ingresos en el pasado, si un empleador no reportó correctamente los aportes a seguridad social o si una transacción financiera quedó mal registrada en las bases que consulta el DNP, el sistema puede clasificarla erróneamente. El Sisbén, con todas sus limitaciones, partía de una encuesta directa al hogar. El RUI parte de la calidad de los datos que ya tienen las entidades del Estado, que no es uniforme.
Para los hogares de ingresos bajos y medios que dependen de programas como Renta Ciudadana, la Compensación del IVA o los subsidios de salud, el cambio no es cosmético. Una reclasificación que los ubique en un grupo superior puede significar la pérdida automática de un beneficio, sin notificación previa ni instancia clara de reclamo documentada en los canales oficiales que se han difundido hasta ahora.
La transición a un sistema de focalización más robusto es, en principio, una buena noticia para el uso eficiente del gasto público. Pero una transición de esta magnitud exige, como mínimo, tres condiciones que el Gobierno aún no ha acreditado: una campaña de comunicación masiva que explique alcance, criterios y derechos del ciudadano; un canal de revisión y corrección accesible para quienes cuestionen su clasificación; y una evaluación independiente sobre el impacto en la cobertura de los programas sociales durante los primeros doce meses.
Sin esos tres elementos, el RUI corre el riesgo de convertirse en lo que el Sisbén fue durante años: una caja negra que decide a quién le llega el Estado y a quién no, con criterios que el ciudadano promedio no puede auditar. La herramienta puede ser mejor. La implementación, hasta ahora, no lo demuestra.