A nueve días de la posesión presidencial del 7 de agosto, el Congreso debe resolver una pregunta que mezcla protocolo, política y presupuesto: si autoriza que la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella se realice en Cali en lugar de Bogotá. La Cámara de Representantes ya dio el primer paso al aprobar la proposición que permite el cambio de sede. Este miércoles, según reportó Infobae, el Senado debe dar el visto bueno final.
El debate no es nuevo, pero la cifra que lo rodea sí lo es. El congresista Santiago Osorio, según Infobae, denunció que la organización del evento podría costar más de 14.000 millones de pesos al erario, con base en un análisis de prensa y de contratos firmados por el Departamento Administrativo de la Presidencia. La estimación incluiría traslado de congresistas, esquemas de seguridad y delegaciones internacionales. Osorio anunció que votará en contra y calificó la iniciativa como un “show barato” con “gastos extravagantes”, según la misma fuente.
La discusión de fondo es institucional. La Constitución establece que la posesión presidencial se realiza ante el Congreso, sin fijar sede. La Ley 1821 de 2016, que regula la seguridad presidencial, tampoco obliga a un lugar específico. Cambiar la sede requiere entonces una decisión política del legislativo, con todos los costos políticos y fiscales que eso implica.
En paralelo, la polarización se adelantó a la ceremonia. El representante Daniel Briceño, según Infobae, advirtió a quienes no quieran asistir a Cali que renuncien al día de salario. La bancada del Pacto Histórico, de acuerdo con el mismo medio, anunció que no asistirá y convocará “espacios de resistencia pacífica”. La representante Mafe Carrascal, citada por Infobae, pidió que los congresistas que viajen a Cali no reciban viáticos. La fractura es, en sí misma, una señal del clima que enfrentará el nuevo gobierno desde el primer minuto.
La Alcaldía de Cali, en cabeza de Alejandro Eder, activó un dispositivo especial de seguridad en coordinación con la Gobernación del Valle y la fuerza pública, y ofreció la sede de la Antigua FES como posible despacho presidencial alterno, según Infobae. La Gobernación del Valle, de acuerdo con el mismo medio, alista un plan de seguridad específico para la jornada.
Mientras tanto, el empalme avanza. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó la designación de Natalia López como ministra del Trabajo y, según Infobae, sostuvo reuniones con la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) para ratificar el compromiso con la inversión privada. En Lima, Restrepo se reunió con el presidente argentino Javier Milei durante la posesión de Keiko Fujimori y, según publicó en su cuenta de X, Milei confirmó su asistencia a la ceremonia en Colombia. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también confirmó su presencia, de acuerdo con Infobae.
El cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados, anunciado por De la Espriella, ya genera reacciones. La Cancillería, según Infobae, advirtió sobre el impacto diplomático de la decisión y aseguró que el nuevo gobierno deberá “afrontar las consecuencias”. El cierre, según cifras citadas por el equipo de transición bajo la etiqueta “Mr. Taxes”, representaría un ahorro todavía sin detalle oficial.
La columna vertebral de esta transición es la coherencia entre el discurso de austeridad y los gestos de alto costo. Un gobierno que promete cerrar embajadas no puede abrir la puerta a una ceremonia fuera de la capital sin publicar cada línea del presupuesto. La cifra de 14.000 millones, atribuida por Infobae al congresista Osorio, sigue sin un desglose oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia que la confirme o la descuente.
El Senado tiene la palabra. Si aprueba el traslado sin un desglose público del presupuesto, la legitimidad del nuevo mandato empezará a erosionarse antes de la primera orden ejecutiva. La descentralización se construye con transferencias, competencias y presencia institucional permanente, no con ceremonias puntuales. Si De la Espriella quiere gobernar desde las regiones, debe demostrar que cada decisión de protocolo responde a una función pública verificable. De lo contrario, la posesión en Cali será el primer debate de un gobierno que todavía no arranca.