¿Cuánto vale el derecho a la defensa cuando la condena pública ya se dictó en las redes y en los titulares? Esa es la pregunta que deja sobre la mesa la declaración de Jorge Alfredo Vargas, quien tras 137 días de silencio decidió hablar horas después de la audiencia en la que la Fiscalía le imputó cargos por presunto acoso sexual, cargos que no aceptó. Su pedido fue de una sencillez casi elemental: que se le permita defenderse y que sea la justicia, con pruebas, la que establezca la verdad.
Conviene ser precisos desde el inicio. No sabemos si Vargas es inocente o culpable. No conocemos el material probatorio, que fue presentado en una audiencia reservada, y sería una temeridad —además de una injusticia— anticipar un veredicto desde una columna de opinión. Lo que sí podemos examinar es el fenómeno institucional y cultural que el caso pone de relieve: la tensión creciente entre el escrutinio público legítimo y el linchamiento mediático que sustituye al juez.
El comunicador sostuvo que durante esos 137 días no conoció de manera concreta las acusaciones en su contra, y que solo en la audiencia de imputación tuvo acceso a los hechos que se le atribuyen. Si esto es así —y no tenemos razón para dudarlo ni para confirmarlo—, estamos ante una paradoja digna de análisis: la opinión pública llevaba meses deliberando sobre un caso cuyo contenido formal el propio imputado dice haber conocido apenas ahora. La sociedad juzgó antes de que el proceso judicial siquiera le permitiera al señalado enterarse de qué se trataba. Algo anda mal en esa secuencia.
Aquí cabe una distinción que la cultura política colombiana suele extraviar. Las denuncias por acoso sexual merecen ser tomadas en serio, investigadas con rigor y, si hay mérito, sancionadas con la severidad de la ley. La historia de silenciamiento de las víctimas en nuestro país es larga y vergonzosa, y nadie que crea en el Estado de derecho puede desear el regreso a esa época. Pero la corrección de una injusticia histórica no puede construirse sobre otra: la presunción de culpabilidad automática del señalado. Tocqueville advertía que la democracia corre el riesgo de la tiranía de la mayoría; en nuestros días, esa mayoría se congrega en las plataformas digitales y dicta sentencia en cuestión de horas, sin contradictorio, sin prueba y sin apelación.
El principio en juego tiene nombre propio: audiatur et altera pars, que se escuche también a la otra parte. No es un formalismo de abogados ni un privilegio de los poderosos; es la piedra angular de cualquier sistema que aspire a distinguirse del ajusticiamiento. Hannah Arendt observó que los regímenes que desprecian las formas procesales terminan despreciando también la verdad, porque la verdad judicial no se decreta: se construye mediante un procedimiento que garantiza contradicción. Cuando pedimos que la justicia actúe con pruebas, no estamos pidiendo impunidad; estamos pidiendo justicia en sentido estricto.
Dicho esto, la exigencia debe ser simétrica. Vargas pide que se le permita defenderse, y tiene derecho a ello. Pero la defensa ante la opinión pública no sustituye la defensa ante la Fiscalía, y el video en redes sociales —por emotivo que sea— no es evidencia. Su inocencia o responsabilidad se decidirá en el expediente, no en la conversación pública. También las víctimas que denunciaron merecen que su palabra sea valorada con seriedad y sin estigmatización, algo que en Colombia históricamente no ha ocurrido. El debido proceso protege a todos: al imputado de la condena sin prueba y a la víctima del descrédito sin examen.
Hay, además, una reflexión incómoda para quienes ejercemos el oficio de informar. Los medios cubrimos estos casos con una intensidad que rara vez acompaña al desenlace. Si dentro de dos años el proceso contra Vargas termina en absolución, ¿recibirá esa noticia la misma cobertura que la imputación? La experiencia sugiere que no. El daño reputacional, en cambio, es irreversible. No se trata de censurar la información —la imputación de cargos a una figura pública es noticia legítima—, sino de asumir la responsabilidad editorial que implica narrar procesos abiertos sin convertirnos en parte del castigo.
Colombia lleva décadas aprendiendo, a golpes, que la justicia no puede ser ni la venganza de los poderosos ni el escarmiento de las multitudes. El caso Vargas, sea cual sea su desenlace, es una prueba más de madurez institucional: ¿somos capaces de sostener dos ideas al mismo tiempo —que las denuncias de acoso deben investigarse en serio y que el imputado es inocente hasta que se pruebe lo contrario—? La respuesta dirá mucho más sobre nosotros como sociedad que sobre el propio acusado. Mientras tanto, lo mínimo que la res publica le debe a cualquier ciudadano, célebre o anónimo, es exactamente lo que él pidió: dejarlo defenderse.