La confirmación de 37 fallecidos y más de 470 heridos tras el terremoto de magnitud 7,8 en la isla de Mindanao constituye una tragedia humanitaria para Filipinas, pero también un espejo incómodo para las naciones andinas. Según el balance oficial de la agencia filipina encargada de la gestión de desastres, citado por El País, el sismo afectó directamente a 145.000 personas y destruyó cientos de viviendas. Aunque el epicentro se ubica a 17.000 kilómetros de Bogotá, las lecciones sobre capacidad estatal y resiliencia económica resuenan con fuerza en una región que comparte vulnerabilidades tectónicas y, a menudo, deficiencias institucionales similares.
La resiliencia como activo económico
Desde una perspectiva de mercado, los desastres naturales en economías emergentes no son solo eventos geológicos, sino choques exógenos que prueban la solidez de las instituciones y la infraestructura crítica. Filipinas, al igual que Colombia, es un territorio de riesgos donde la inversión pública en mitigación compite permanentemente con el gasto social corriente. La diferencia radica en la ejecución y en la continuidad de las políticas de Estado más allá de los ciclos electorales.
Para los inversionistas y las calificadoras de riesgo, la capacidad de respuesta ante un evento de esta magnitud es un indicador de gobernanza tan relevante como el déficit fiscal o la inflación. Cuando la infraestructura colapsa y la respuesta estatal se diluye, se erosiona la confianza necesaria para atraer capital extranjero directo. En el caso filipino, la afectación a una zona productiva como Mindanao plantea interrogantes sobre la recuperación de cadenas de suministro locales. Para Colombia, la pregunta obligada es si nuestras vías terciarias, puertos y redes energéticas soportarían un choque similar sin paralizar la actividad económica regional durante meses.
Cooperación técnica más allá de la retórica
Este escenario revalida la importancia de la cooperación técnica entre países de renta media, un eje que Bogotá ha descuidado en favor de alineamientos ideológicos que poco aportan a la gestión técnica del riesgo. Filipinas y Colombia son socios naturales en foros multilaterales y comparten desafíos en adaptación al cambio climático y gestión de desastres. Sin embargo, la relación bilateral ha carecido de profundidad estratégica.
En lugar de intercambiar visitas protocolarias, la agenda debería priorizar la transferencia de conocimientos en códigos de construcción sismo-resistentes, sistemas de alerta temprana y mecanismos financieros de transferencia de riesgos, como los bonos catastróficos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han documentado ampliamente cómo estos instrumentos protegen las finanzas públicas ante emergencias. Adoptar estas mejores prácticas requiere humildad técnica y pragmatismo, virtudes que escasean cuando la política exterior se subordina a narrativas domésticas.
El costo de la informalidad en la reconstrucción
Un dato silencioso pero devastador en tragedias como la de Mindanao es el impacto desproporcionado en la población que habita en asentamientos informales o construcciones no normativas. Las cifras de viviendas destruidas suelen esconder una realidad estructural: la falta de títulos de propiedad y de cumplimiento de normas técnicas convierte a los más pobres en las primeras víctimas y en los últimos beneficiarios de la reconstrucción.
Colombia conoce bien esta dinámica. Nuestra propia experiencia post-desastre muestra que sin una política de vivienda y ordenamiento territorial seria, la reconstrucción se convierte en un ciclo de subsidios ineficientes que reproducen la vulnerabilidad. La respuesta ante la emergencia en Filipinas debe ser monitoreada no por morbo informativo, sino como un laboratorio de políticas públicas. Si Manila logra integrar la formalización predial con la reconstrucción resiliente, tendrá una lección valiosa para los Andes. Si falla, nos recordará que la informalidad es, en sí misma, un desastre de cámara lenta.
La solidaridad con el pueblo filipino es un imperativo moral, pero el aprendizaje institucional es un deber de Estado. En un mundo de riesgos sistémicos, la resiliencia no se decreta; se construye con técnica, inversión sostenida y respeto por las reglas de juego. Ignorar estas lecciones ajenas es condenarnos a repetir los mismos errores propios.