La tragedia en Chongos Bajo, donde un movimiento telúrico de magnitud 5,1 cobró la vida de cinco personas y dejó 21 heridos, no debe leerse como una fatalidad geológica aislada. Si bien el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirma que el epicentro se ubicó en la región Junín con una profundidad de 24 kilómetros, la letalidad del evento responde a variables que trascienden la sismología. Para Colombia y la región andina, este suceso reactiva una alerta sobre la calidad de la inversión pública en zonas rurales y la urgencia de actualizar los códigos de construcción ante una realidad climática y tectónica cambiante.
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez, atribuyó los daños severos a la combinación de la escasa profundidad del sismo y la prevalencia de viviendas de adobe y quincha. Esta explicación técnica es correcta, pero insuficiente desde la política pública. La persistencia de autoconstrucción sin supervisión técnica en la sierra central peruana es un síntoma de desconexión entre el crecimiento macroeconómico de las últimas décadas y el desarrollo territorial real. Según reportes preliminares validados por el Ministerio de Salud peruano, hay 48 viviendas destruidas y 300 damnificados, cifras que podrían escalar tras las evaluaciones estructurales en curso.
La brecha entre normativa y realidad rural
Tanto Perú como Colombia comparten una paradoja normativa: poseemos reglamentos de construcción sismo-resistentes de talla mundial, pero su aplicación efectiva se diluye en la ruralidad andina. El Cinturón de Fuego del Pacífico genera en Perú cerca de 400 sismos anuales superiores a 4,0 grados, según datos históricos del IGP. Sin embargo, la gestión del riesgo sigue siendo reactiva. La respuesta del gobierno regional de Junín, que desplegó carpas y frazadas, es necesaria pero tardía. La verdadera gestión de riesgo es la que ocurre antes del desastre, mediante subsidios condicionados a mejoras estructurales y asistencia técnica municipal.
Para Colombia, la lección es directa. Nuestras cordilleras albergan miles de poblaciones con tipologías constructivas similares a las de Chongos Bajo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha avanzado en microzonificación sísmica, pero la brecha de implementación en municipios de categorías 4, 5 y 6 persiste. No se trata solo de evitar muertes, sino de proteger activos productivos. En economías regionales donde la agricultura y el turismo son motores clave, la destrucción de infraestructura básica por eventos de baja magnitud erosiona la competitividad y aumenta la dependencia de transferencias nacionales.
Inversión resiliente como imperativo económico
Desde una perspectiva de mercado y desarrollo institucional, la resiliencia sísmica debe dejar de verse como un gasto social para entenderse como una condición de viabilidad económica. Los bancos multilaterales y los fondos de cooperación internacional priorizan cada vez más proyectos con componentes de adaptación climática y reducción de riesgos. La región andina tiene acceso a instrumentos como los bonos catastróficos y las líneas de crédito contingente del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero su uso requiere planificación territorial rigurosa.
La tragedia de Junín también nos recuerda que la descentralización fiscal debe ir acompañada de capacidades técnicas locales. De poco sirve transferir recursos a municipios si estos carecen de oficinas de planeación con ingenieros y arquitectos capacitados para fiscalizar construcciones. En este sentido, el fortalecimiento institucional no es una abstracción académica, sino una medida de protección civil. La cooperación técnica entre países andinos, facilitada por organismos como la Comunidad Andina, podría estandarizar protocolos de evaluación de vulnerabilidad y crear economías de escala en la producción de materiales de construcción sismo-resistentes asequibles.
El sismo de 5,1 en Perú es un recordatorio de que la naturaleza no perdona la improvisación estatal. Mientras las autoridades peruanas atienden la emergencia, los decisores de política en Bogotá, Quito y La Paz deben preguntarse cuántos Chongos Bajo existen en sus propias geografías. La respuesta determinará si el próximo evento de magnitud moderada será una anécdota o una nueva tragedia evitable. La solidaridad hemisférica es bienvenida, pero la responsabilidad fiscal y técnica es intransferible.