Hay objetos que cargan más historia que muchos archivos. Un sombrero comprado en 1990 para firmar la paz entre el M-19 y el Estado colombiano reapareció esta semana en manos del presidente Gustavo Petro, quien lo entregó en público a María José Pizarro, hija del candidato asesinado aquel abril trágico. La escena, ocurrida en el marco del discurso del 20 de julio, fue interpretada por unos como homenaje a la reconciliación y por otros como exaltación de un pasado armado. La pregunta que vale la pena formular con precisión es otra: ¿qué ocurre cuando un símbolo de la paz negociada se convierte, al mismo tiempo, en emblema de un proyecto político que aspira a volver al poder en 2030?
Los hechos, según el relato de la propia exsenadora Pizarro a Blu Radio y la crónica de Infobae, son estos: el sombrero fue adquirido por Carlos Pizarro específicamente para la firma del acuerdo, nunca acompañó una acción violenta, permaneció años oculto tras ser entregado a un escolta antes del magnicidio, y ahora quedará bajo custodia de la familia hasta que —en palabras de su hija— el movimiento «regrese nuevamente al Gobierno en el año 2030». Petro, por su parte, subrayó que la paz de 1990 trajo como consecuencia concreta la Constitución de 1991 y la incorporación democrática de quienes antes actuaban al margen de la ley.
En ese punto, conviene ser justos. Quienes ven en el gesto una apología de la guerra yerran el blanco histórico. El sombrero pertenece al capítulo final de Carlos Pizarro, el del hombre que apostó por dejar las armas y competir en las urnas, y que pagó esa apuesta con la vida. La transición del M-19 a la política legal sigue siendo uno de los pocos casos exitosos de reinserción en América Latina, y la Constitución del 91 —con todos sus defectos, que los tiene— es hija también de aquel acuerdo. Mancillar la memoria de Pizarro equiparándolo con los que nunca quisieron la paz es una injusticia que esta columna no comparte.
Pero la justicia histórica no agota el problema. Tocqueville advertía que las democracias viven de la memoria, pero se enferman cuando la memoria se administra como patrimonio de facción. El sombrero de Pizarro nació como símbolo de la res publica: la paz que un ciudadano firma con el Estado para que todos, no solo los suyos, vivan bajo la misma ley. Al declarar que la prenda se custodiará «hasta que regresemos al Gobierno», el objeto cambia de naturaleza: deja de ser reliquia cívica y pasa a ser estandarte de sucesión. Es una mutación sutil pero real, y no es deshonroso señalarla. Los símbolos de la paz pertenecen al país entero; los símbolos de un proyecto de poder, solo a sus militantes. Cuando ambos se funden en una sola prenda, la nación se encoge.
Hay, además, una ironía que no debería pasar inadvertida. La entrega del sombrero coincidió con el fin de la legislatura, con cambios en la dirección del Pacto Histórico y con el anuncio de un congreso fundacional en el que se espera que el propio Petro asuma la presidencia del partido tras un periodo de descanso. Es decir, el gesto no fue solo memoria: fue también coreografía de continuidad. Un presidente que termina su mandato entregando a una correligionaria el objeto más cargado de sentido de su propia biografía política —Petro también militó en el M-19— difícilmente puede pedir que se lea el acto como pura ceremonia de Estado. La liturgia de la transmisión existe en todas las democracias; lo que la distingue de la investidura dinástica es que se haga con las instituciones por delante, no con el movimiento por delante.
Nada de esto invalida el derecho del Pacto Histórico a organizarse, a preparar su congreso ni a aspirar al poder en 2030. Al contrario: que lo haga por la vía electoral y declinando alianzas con el Centro Democrático más allá de los acuerdos formales del Congreso, como aclaró Pizarro, es exactamente lo que cabe esperar de un partido en democracia. La oposición haría mal en negarle legitimidad a esa aspiración, como haría mal en convertir un sombrero en prueba de un delito que no existe. El pluralismo exige que todos los proyectos compitan con reglas claras, incluido el que hereda la sigla del 19 de abril.
Lo que sí cabe exigir es coherencia con el símbolo que se invoca. Si el sombrero es de la paz, su custodia debería apuntar a un museo de la memoria nacional, a un archivo público, a un lugar donde lo puedan mirar también los hijos de quienes votaron contra el M-19 y los nietos de quienes sufrieron sus secuestros. Si, en cambio, es el talismán de un regreso al poder, entonces la palabra «paz» está haciendo en la frase un trabajo que no le corresponde. Arendt escribió que el poder y la violencia son opuestos: donde uno domina, el otro falta. La paz de 1990 fue precisamente eso, la sustitución de las armas por el argumento. Honrarla exige que el argumento siga siendo el protagonista, no la reliquia.
Colombia ha enterrado demasiados símbolos en vida y rescatado demasiados fantasmas en campaña. El sombrero de Carlos Pizarro merece mejor destino que el de prenda electoral en espera: merece ser lo que su dueño quiso que fuera cuando lo compró, la prueba de que se puede perder la vida por haber elegido la paz. Guardarlo para 2030 es una apuesta política legítima. Entregarlo al país sería una apuesta cívica mayor. La diferencia entre ambas es, justamente, la diferencia entre heredar un movimiento y heredar una república.