La Defensoría del Pueblo emitió este 26 de julio una alerta humanitaria por los enfrentamientos发生在 el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo, Cauca. El organismo, en un comunicado sujeto a verificación, reportó al menos seis personas heridas y la exposición de 12 niños que permanecían en una institución educativa local al momento de los hechos. La información consignada por la Defensoría atribuye las afectaciones a la población civil “no solo a la estructura armada ilegal, sino a acciones de la Fuerza Pública”.
El dato es grave y exige lectura serena. Una escuela no es un escenario táctico. El Derecho Internacional Humanitario, que Colombia está obligada a observar, consagra la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes y el carácter civil de los establecimientos educativos. El propio comunicado de la Defensoría recuerda que las operaciones militares deben sujetarse a los principios de precaución y proporcionalidad, con evaluación permanente de riesgos para la población civil.
El Cauca viene registrando una escalada sostenida de hostilidades entre el Ejército y las disidencias. El Ministerio de Defensa denunció el 23 de julio que integrantes de esos grupos, vestidos de civil, atacaron a soldados en la misma zona, según reportó Caracol Radio. Tres días después, la Defensoría documenta el saldo humanitario de esa dinámica: civiles y, sobre todo, menores dentro de un aula. No se trata de episodios aislados. Es la consecuencia lógica de un patrón de operaciones en territorios donde la población civil y la infraestructura escolar comparten el espacio con los combatientes.
Tres preguntas quedan sobre la mesa. Primera, qué protocolos de verificación de blancos y de presencia civil aplicó el comando militar que operó en el área de Huisitó. Segunda, si el Ministerio de Defensa abrió investigación interna para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias o penales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre fuero militar y la competencia ordinaria de la justicia penal militar frente a violaciones al DIH. Tercera, cuál es el plan de protección específica para la institución educativa y para los 12 menores identificados por la Defensoría, más allá del acompañamiento psicosocial anunciado.
El Tambo no admite improvisaciones. Es un municipio estratégico en la vía al Pacífico, con presencia histórica del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia. La presencia de la fuerza pública es indispensable y debe ejercerse con apego estricto al DIH. Pero la presencia militar sin doctrina, sin reglas de engagement verificables y sin coordinación con la Defensoría y la personería local termina produciendo el efecto contrario al que predica: rompe el consentimiento de la comunidad, expone a los menores y le entrega al grupo armado un argumento de propaganda.
La alerta de la Defensoría debe ser leída como lo que es: un llamado a corregir de inmediato. Corresponde al Ministerio de Defensa entregar un parte detallado de lo ocurrido en Huisitó, precisar las unidades comprometidas y reportar si se adelantaron informes de incidentes. Corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría abrir las indagaciones a que haya lugar. Y corresponde al Gobierno nacional explicar, con cifras y fechas, qué hace distinto su plan de seguridad en el Cauca para que un colegio no termine convertiéndose en zona de riesgo.