El Ministerio de Educación entregó esta semana a la bancada del Pacto Histórico el nuevo texto de reforma a la Ley 30, radicado por la representante Isabel Vera. Es el tercer intento del Gobierno en menos de tres años y, según el calendario político, el último con probabilidades reales de ser tramitado bajo la administración Petro. La transmisión de mando al gobierno de De la Espriella está prevista para los próximos días.
La propuesta tiene tres ejes. El primero es declarativo: elevar la educación superior a derecho y bien común. El segundo es presupuestal. El tercero es institucional.
En lo presupuestal hay un piso que ya está firme. Mediante la Ley 2568 de 2026 se modificaron los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y se sustituyó el antiguo esquema de actualización por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del DANE, desligándolo del IPC. Además, los aportes de la Nación crecen cada año con un piso del 70 por ciento del crecimiento real del PIB. El proyecto ahora propone, sobre esa base, llevar el presupuesto de bienestar universitario al 5 por ciento y elevar al 10 por ciento el monto mínimo para investigación, innovación y producción de conocimiento. Son metas ambiciosas que exigirán disciplina fiscal y reglas claras de ejecución, algo que la bancada oficialista no ha detallado en esta radicación.
En lo institucional aparecen dos figuras nuevas. Los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES), pensados para articular a alcaldías y gobernaciones con las instituciones, y el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazaría al actual Sistema Universitario Estatal (SUE) e incluiría delegaciones de estudiantes y profesores en decisiones estratégicas. La creación de los CTES abre un interrogante operativo: si las transferencias territoriales no se actualizan de manera paralela, los consejos podrían quedar como instancias declarativas sin capacidad real de incidencia.
El antecedente pesa. La primera versión se radicó el 12 de septiembre de 2023 como ley estatutaria. Pasó primer debate en diciembre de ese año, segundo en abril de 2024 y tercero el 5 de junio de 2024. En ese momento existía un acuerdo entre Gobierno y oposición que se rompió. Fecode convocó paro por las enmiendas introducidas y por el tratamiento del sector privado en un eventual modelo mixto. El Ejecutivo modificó el texto para el último debate. Se radicaron tres ponencias en contra. El 20 de junio de 2024, sin cuarto debate, la legislatura terminó y el proyecto se archivó. El Gobierno prometió entonces retomar la iniciativa, pero solo lo hizo hasta ahora, en el tramo final de su mandato.
Este historial no es menor. Una reforma estatutaria exige mayoría absoluta y ocho debates. Cualquier nuevo intento que pretenda el mismo rango enfrenta el mismo umbral. Si el proyecto se presenta como ley ordinaria, el trámite será más corto, pero la reforma perderá la jerarquía que el propio Ejecutivo dice buscar al hablar de un derecho fundamental.
Hay, además, una variable de calendario que ningún análisis puede omitir. La columna de Cambio recordó que la radicación coincide con el último mensaje presidencial ante el Congreso, en el que el Gobierno defendió sus cifras en educación. Cualquier trámite serio de esta reforma requeriría que la nueva legislatura la priorice sobre una agenda de empalme, en un contexto de empalme institucional y de promesas de ajuste fiscal del gobierno entrante.
La pregunta de fondo, entonces, no es si la educación superior necesita una actualización de la Ley 30 —la academia y los rectores lo vienen planteando desde hace una década— sino si al Gobierno le alcanza el tiempo político para sacar adelante un proyecto que ya fracasó una vez, esta vez contra el reloj del 7 de agosto.
Por ahora, la propuesta existe en el papel. Su viabilidad depende de lo que ocurra en el Congreso durante las próximas semanas.