La cifra de 188 fallecidos y más de 1.600 heridos tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al suroccidente colombiano no es solo una estadística dolorosa; es un examen de estrés para nuestra arquitectura institucional. Según el balance más reciente de Asocapitales, Cali concentra 95 decesos y Pereira 79, lo que confirma que el epicentro del daño humano y material se ubica en zonas urbanas densamente pobladas y con desafíos históricos en planificación territorial. En momentos como este, la tentación política de instrumentalizar la tragedia o de culpar exclusivamente a administraciones pasadas debe ceder ante la urgencia de una respuesta técnica, coordinada y, sobre todo, transparente.
Desde Bucaramanga, donde también sentimos la fuerza del movimiento telúrico, resulta inevitable contrastar esta emergencia con desastres similares en la región andina. La diferencia entre una recuperación ordenada y un colapso prolongado no radica únicamente en la magnitud del evento, sino en la calidad de las instituciones que responden. Mientras regímenes autoritarios como el venezolano o el nicaragüense suelen ocultar cifras y centralizar la ayuda bajo criterios de lealtad partidista, Colombia tiene la obligación moral y práctica de demostrar que su Estado de derecho funciona incluso bajo escombros. La habilitación de herramientas digitales por parte del gremio asegurador para reportar desaparecidos es un ejemplo positivo de articulación público-privada que debe ser protegida de cualquier intento de cooptación estatal.
La gestión del riesgo como política de Estado
La reconstrucción del eje Cali-Pereira requerirá recursos fiscales significativos en un momento de estrechez presupuestal. Aquí es donde la responsabilidad fiscal y la cooperación internacional deben alinearse. Los mercados y los organismos multilaterales observarán con lupa cómo se ejecutan estos fondos. Cualquier señal de improvisación, contratación opaca o desvío de recursos hacia clientelas políticas no solo retrasará la recuperación, sino que encarecerá el crédito soberano y erosionará la confianza inversionista en una región que ya enfrenta vientos externos adversos.
Es fundamental recordar que la prevención sísmica y la respuesta a desastres son bienes públicos que trascienden los ciclos electorales. La normativa colombiana de gestión del riesgo es, en papel, una de las más avanzadas de América Latina. El problema histórico ha sido su implementación fragmentada y la falta de continuidad en las inversiones de mitigación. Hoy, la prioridad inmediata es la atención humanitaria y la evaluación estructural rigurosa. Mañana, deberá venir una reflexión seria sobre los códigos de construcción y la ocupación de laderas, temas que a menudo se ignoran por impopulares pero que salvan vidas.
Cooperación hemisférica sin ideología
En el plano internacional, esta tragedia reafirma la importancia de mantener canales de cooperación técnica fluidos con Washington, Bruselas y nuestros vecinos andinos, independientemente de las afinidades ideológicas del gobierno de turno. La asistencia humanitaria y la transferencia de tecnología en ingeniería sísmica no pueden estar condicionadas a la retórica diplomática. Colombia ha sido tradicionalmente un receptor eficiente de ayuda porque sus instituciones garantizan trazabilidad; perder ese activo sería un error estratégico imperdonable.
Como sociedad, debemos exigir que la respuesta a esta catástrofe se mida por indicadores de resultado y no por discursos emotivos. La solidaridad es indispensable, pero la institucionalidad es lo que garantiza que esa solidaridad se transforme en viviendas seguras, infraestructura resiliente y reactivación económica. Con 188 familias de luto, no hay margen para el ensayo y error ni para la polarización estéril. La verdadera prueba de nuestra madurez democrática será convertir esta dolorosa coyuntura en una oportunidad para fortalecer, y no debilitar, las reglas que nos permiten convivir y progresar en un territorio geológicamente complejo.