La magnitud 7,4 del sismo con epicentro en San José del Palmar no solo sacudió la geografía del Chocó, sino que representa la primera prueba de estrés mayor para la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El decreto de desastre nacional era inevitable y necesario desde el punto de vista legal para habilitar recursos, pero en la práctica colombiana sabemos que la declaración política es apenas el inicio de un proceso donde la capacidad técnica y la solvencia fiscal determinan si la respuesta será efectiva o si se convertirá en otro capítulo de improvisación institucional.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la gestión de esta catástrofe debe evaluarse bajo criterios de eficiencia asignativa y gobernanza, no solo de solidaridad humanitaria. La región andina y el Pacífico colombiano enfrentan riesgos geológicos permanentes, y la forma en que Bogotá articule la respuesta con los gobiernos locales y la cooperación internacional definirá la confianza en nuestras instituciones durante el resto del mandato.
La brecha entre el decreto y la ejecución
El desafío inmediato no es la falta de normas, sino la capacidad de implementación en una zona históricamente marcada por la debilidad estatal y la presencia de economías ilícitas. Según reportes de la BBC Mundo, el balance preliminar supera los 130 fallecidos y medio millar de heridos, cifras que podrían escalar conforme avancen las labores de búsqueda. En contextos similares en la región, como el terremoto de Ecuador en 2016 o los deslizamientos recientes en Perú, hemos observado que la centralización excesiva de la respuesta suele generar cuellos de botella logísticos.
Para Colombia, la lección comparada es clara: la recuperación depende de la descentralización operativa con supervisión centralizada. El gobierno nacional debe garantizar que los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lleguen a los territorios mediante mecanismos auditables y rápidos, evitando la intermediación política que ha distorsionado inversiones pasadas. La transparencia en la contratación de emergencia es vital para mantener la calificación crediticia y la confianza de los inversionistas, quienes observan cómo el Estado maneja contingencias fiscales no programadas.
Cooperación internacional y disciplina fiscal
Como país integrado a la Alianza del Pacífico y con vínculos estrechos en Washington y Bruselas, Colombia cuenta con protocolos de asistencia mutua que deben activarse con pragmatismo. Sin embargo, la ayuda externa complementa, pero no sustituye, la responsabilidad fiscal interna. Es previsible que el Ministerio de Hacienda deba reasignar partidas o solicitar créditos de emergencia con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entidades que exigen marcos claros de ejecución y rendición de cuentas.
Aquí reside un riesgo latente: utilizar la tragedia para justificar expansiones del gasto corriente o reformas tributarias reactivas sin sustento técnico. La historia reciente de la región muestra que los desastres naturales a veces se instrumentalizan para flexibilizar reglas fiscales de manera permanente, deteriorando la sostenibilidad de mediano plazo. Una respuesta responsable implica financiar la reconstrucción con instrumentos específicos y temporales, protegiendo el equilibrio macroeconómico que tanto ha costado consolidar.
Además, la seguridad física de las zonas afectadas es condición sine qua non para la recuperación económica. Si la infraestructura crítica se reconstruye en territorios donde el Estado no ejerce control efectivo, la inversión pública terminará financiando, de facto, corredores para actividades ilegales. La fuerza pública profesional debe ser parte integral de la estrategia post-desastre, no como actor político, sino como garante del orden necesario para que la ayuda humanitaria y la obra civil cumplan su función social.
Una oportunidad para fortalecer la institucionalidad
Más allá de la tragedia humana, que merece todo nuestro respeto y duelo, este evento testa la madurez de nuestras instituciones. Un gobierno de centro-derecha institucionalista debe demostrar que la eficiencia estatal no es incompatible con la sensibilidad social. Al contrario, es la única vía sostenible para atenderla. La comparación con regímenes populistas en la vecindad, que suelen responder a crisis con retórica y gasto inorgánico, debería servirnos de contraste.
Colombia necesita transformar esta emergencia en una validación de su modelo de gestión de riesgos. Eso requiere datos abiertos, coordinación interinstitucional real y respeto irrestricto por los procedimientos técnicos. Si logramos articular una respuesta que combine celeridad con rigor fiscal y legal, estaremos enviando una señal potente a la región y a nuestros socios internacionales: que el Estado de derecho funciona incluso cuando la tierra tiembla. De lo contrario, el costo político y económico será mucho más alto que el daño material del sismo.