El Área Metropolitana Centro Occidente activará mañana un programa de transporte público gratuito para facilitar la votación en Pereira. La iniciativa, coordinada con empresas de transporte colectivo, responde a una lógica comprensible: si el costo del desplazamiento es un impedimento, eliminarlo debería aumentar la participación electoral.
Pero esa premisa merece escrutinio. En Colombia, la abstención no es principalmente un problema de infraestructura de transporte. Según reportes del Registraduría Nacional en procesos electorales recientes, la inasistencia a las urnas obedece a factores más profundos: desconfianza institucional, fatiga política, falta de identificación con opciones electorales, y en zonas rurales, distancia geográfica combinada con ausencia de infraestructura vial.
El programa de Pereira es loable como gesto operativo. Reduce una fricción real. Pero es sintomático de una tendencia en la administración electoral colombiana: tratar la abstención como un problema de logística cuando es, en buena medida, un problema de legitimidad política.
Entre 2018 y 2022, la participación electoral en Colombia osciló entre el 52 y el 58 por ciento. No porque los ciudadanos no tuvieran acceso a transporte, sino porque amplios segmentos de la población perciben que el voto no genera cambios tangibles en sus condiciones de vida. Esa es una hipótesis que merece investigación rigurosa, no solo subsidios de pasaje.
Lo que sí importa documentar es si iniciativas como esta tienen efectos medibles. ¿Cuántos votos adicionales genera el transporte gratuito? ¿En qué segmentos demográficos? ¿Cuál es el costo por voto adicional emitido? Esas preguntas no están respondidas en el reportaje disponible.
El Área Metropolitana Centro Occidente debería publicar, después de las elecciones, un análisis comparativo: participación en Pereira el 31 de mayo versus participación en municipios similares sin el programa, controlando por variables socioeconómicas. Sin eso, es imposible evaluar si la estrategia funciona o si es, simplemente, un gasto que genera buena prensa sin impacto electoral real.
Hay un riesgo adicional. Si gobiernos locales comienzan a usar subsidios de transporte como herramienta de movilización electoral, estaremos ante una forma de incentivo que, aunque no es exactamente coerción, sí genera una asimetría: los ciudadanos con recursos propios votan libremente; los de menores ingresos reciben un beneficio condicionado al acto electoral. No es ilegal, pero erosiona la idea de que el voto es un derecho ejercido sin intermediaciones materiales.
La Bitácora ha documentado, en años anteriores, cómo la contratación de transporte para eventos políticos ha sido usada para movilizar votantes de forma selectiva, favoreciendo a candidatos específicos. Las “Rutas de la Democracia” no tienen ese perfil aparente, pero la vigilancia es necesaria. ¿Qué candidatos se benefician de una participación aumentada en Pereira? ¿Hay datos que lo sugieran?
Finalmente, está el asunto de la equidad territorial. Si Pereira activa transporte gratuito para votar, ¿qué sucede en municipios de Risaralda sin capacidad fiscal para replicar el programa? ¿Se profundiza la fragmentación de la experiencia electoral según capacidad presupuestal municipal? Esa es una pregunta que no aparece en la cobertura disponible, pero es central para entender si estamos ante una política pública o ante un parche local.
Las iniciativas que facilitan el voto son deseables. Pero no pueden ser sustituto de reformas más profundas: fortalecimiento de la confianza institucional, transparencia en la financiación política, y presencia estatal efectiva en territorios donde la abstención es más alta. El transporte gratuito es una herramienta táctica. La democracia requiere estrategia.