El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este viernes la designación de Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social. La elección reabre un debate que va más allá del currículum: qué señales envía un gabinete antes de posesionarse.
Suárez no es una desconocida en el Estado. Fue ministra de Comunicaciones entre 2004 y 2006, durante la primera administración de Álvaro Uribe Vélez. Su perfil posterior se construyó lejos del Ejecutivo: consultoría, conferencista, formación en neurociencia y mercadeo, y trabajo con programas de liderazgo femenino. De la Espriella destacó esa trayectoria y la enmarcó en tres ejes: “transparencia, eficiencia y atención a las regiones”.
El DPS no es una entidad menor. Administra programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y la Red de Seguridad Alimentaria, y ejecuta buena parte del gasto social focalizado del Presupuesto Nacional. Su dirección suele ser una de las posiciones más disputadas del gabinete social, no por su peso técnico sino por su capacidad de movilizar electorado y contratos en las regiones.
Hay tres elementos que esta designación deja sobre la mesa.
Primero, la conexión explícita con el uribismo. No es un secreto ni una insinuación: Suárez fue ministra de un gobierno uribista y vuelve a una posición de alto perfil en un gabinete que De la Espriella ha ido conformando con figuras de ese mismo espectro. La pregunta razonable es si Prosperidad Social será una agencia técnica de política social o un instrumento de la maquinaria política que llevó al presidente electo a la Casa de Nariño.
Segundo, la idoneidad técnica. El DPS requiere experiencia en focalización, gestión de bases de datos, contratación pública y supervisión de operadores. Una publicista con maestría en neurociencia y especialización en mercadeo no encaja, a priori, en ese perfil. Tampoco es descalificante: hay directores de entidades sociales con trayectorias no lineales que han funcionado. Pero la prueba será concreta: cómo se ejecuten los programas, cómo se renueven los operadores y cómo se publiquen los contratos en Secop II.
Tercero, la continuidad de la transición. La posesión está prevista para el 7 de agosto. A menos de dos semanas, el gabinete anunciado es todavía parcial. El DPS es una de las entidades con mayor impacto territorial, y su dirección suele negociarse hasta el final con bancadas regionales. Que se haya definido ya sugiere que el acuerdo político por debajo está cerrado.
Para los beneficiarios de los programas, el cambio de dirección importa menos por el nombre y más por la continuidad de los pagos. La transición entre administraciones ha generado, en ciclos anteriores, demoras en la entrega de transferencias y suspensiones temporales de bases de datos. Cualquier director que llegue el 7 de agosto debería tener como primera tarea garantizar que agosto y septiembre no sean meses de incertidumbre para los hogares que dependen de esas transferencias.
La Bitácora seguirá con atención la publicación del decreto de nombramiento, la hoja de vida oficial en la página de la función pública y los primeros actos administrativos de Suárez como directora. El DPS necesita menos declaraciones de transparencia y más datos verificables: contratos publicados, operadores auditados y metas cumplidas. Por ahora, lo que hay es un anuncio y un perfil. La gestión empieza el 7 de agosto.
Fuentes: Portafolio.