La Procuraduría General de la República anunció la apertura de investigaciones contra seis ministros del Gobierno Petro por presunta participación indebida en actividades políticas. El procurador Gregorio Eljach, sin revelar los nombres específicos en su intervención pública, precisó que el universo de indagados por este mismo motivo asciende a 142 funcionarios en total.
Lo relevante del anuncio radica en el estado procesal de los casos. Según Eljach, al menos uno de los expedientes ministeriales ha avanzado lo suficiente como para estar listo para la emisión de pliego de cargos, el documento formal que abre la fase probatoria de un proceso disciplinario. Esto sugiere que la Procuraduría ha acumulado evidencia que, en su criterio, justifica pasar de la indagación preliminar a una acusación formal.
El marco normativo que ampara estas investigaciones es la prohibición constitucional y legal que pesa sobre los servidores públicos de participar en actividades de proselitismo político. La Constitución Política establece que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña electoral ni participar en actividades de promoción de candidatos o partidos políticos mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones. Las violaciones a esta norma configuran falta disciplinaria grave.
Lo que distingue este caso es su escala y nivel jerárquico. Que seis ministros —funcionarios de rango ministerial, es decir, de los más altos en la administración central— sean objeto de indagación simultánea por el mismo motivo refleja un patrón que va más allá de hechos aislados. Esto plantea interrogantes sobre el funcionamiento del control disciplinario interno dentro del Gobierno y sobre si existieron mecanismos de supervisión que no operaron como debían.
El procurador enfatizó que la aplicación de la norma disciplinaria se haría “con justicia, prudencia y garantía de los derechos del disciplinable”. Esta precisión es importante: reconoce que todo investigado tiene derecho al debido proceso, a conocer los cargos, a presentar descargos y a acceder a pruebas. No obstante, la mención de estos principios no debería interpretarse como señal de que los casos carecen de fundamento.
La Procuraduría también reportó la suspensión de Marta Cantillo, alcaldesa de San Onofre en Sucre, por un caso similar. Aunque los detalles específicos no fueron proporcionados, la suspensión de un alcalde por participación política indebida refuerza la idea de que estas conductas se han presentado en múltiples niveles de la administración pública, no solo en Bogotá.
Desde la perspectiva institucional, lo que importa es que la Procuraduría esté cumpliendo su función de vigilancia disciplinaria. Si hay evidencia de que funcionarios públicos violaron normas sobre neutralidad política, la investigación y, en su caso, la sanción, son obligatorias. La independencia del ente disciplinario depende de que actúe sin consideraciones de afinidad política o presión externa.
Sin embargo, quedan sin respuesta preguntas que la ciudadanía tiene derecho a conocer: ¿Cuáles son los hechos específicos que originaron cada investigación? ¿Cuál es el nivel de participación que se les atribuye? ¿Existen denuncias formales o surgieron de oficio? ¿Por qué la Procuraduría prefiere mantener el anonimato de los ministros investigados?
La opacidad en los nombres no es menor. La publicidad de los procesos disciplinarios es un principio de transparencia administrativa. Si bien es cierto que existe presunción de inocencia, la ciudadanía tiene interés legítimo en saber si sus ministros están siendo investigados y por qué. El argumento de no prejuzgar no justifica el silencio total sobre identidades cuando se trata de funcionarios públicos de alto nivel.
El anuncio de Eljach ocurrió en el marco de un evento sobre “Paz Electoral” en el que también se entregó custodia del código fuente de los sistemas de conteo electoral al registrador nacional. Aunque se trata de temas distintos, ambos tocan aspectos sensibles de la gobernanza: el cumplimiento de normas por parte de los funcionarios públicos y la integridad de los procesos electorales.
Lo que viene es el desarrollo de estos procesos. La Procuraduría deberá demostrar sus acusaciones con pruebas sólidas. Los ministros investigados tendrán derecho a defenderse. Y la ciudadanía, a través de la prensa y la opinión pública, deberá estar atenta a que el proceso sea justo, transparente y libre de manipulación política en cualquier dirección.