El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, negó este miércoles la denuncia formulada por el presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros sobre una supuesta campaña de desprestigio contra Verónica Alcocer financiada desde la sede diplomática. La información fue reportada por La Silla Vacía, que recogió las declaraciones del diplomático a Caracol Radio.
Según La Silla Vacía, Reyes sostuvo que no se necesitaba pagar ninguna campaña porque, en sus palabras textuales, “ella sola se desprestigiaba”. El embajador exigió una rectificación pública al jefe de Estado, defendió a los seis funcionarios de la embajada —a quienes describió como mal remunerados— y rechazó la acusación por considerar que no correspondía a lo ocurrido durante su gestión.
El punto de partida es la afirmación presidencial. Petro aseguró, como registró La FM en su cuenta de X, que contaba con los nombres de quienes habrían pagado por esa campaña. El presidente no presentó pruebas públicas.
Lo reportado por La Silla Vacía permite reconstruir la secuencia. Alcocer permaneció en Estocolmo entre cuatro y cinco meses de 2025, con el argumento oficial de estudiar inglés. Desde el principio, según el embajador, hizo saber que no deseaba contacto con la embajada, pese a que Reyes y su esposa eran amigos de la pareja presidencial por casi dos décadas. Sin embargo, por su condición de esposa del jefe de Estado, la policía diplomática sueca monitoreaba sus movimientos e informaba al embajador.
Reyes describió a Caracol Radio escenas de consumo de alcohol, griterías y bullicio nocturno que, según dijo, la policía local reportó como un problema de reputación para Colombia. El embajador aclaró que el problema, según su relato, no era el consumo en sí, sino las cantidades, el ruido y el hecho de que la gente identificara a la primera dama como la esposa del presidente.
Cuando el tabloide Expressen comenzó a publicar videos y fotografías de Alcocer —entre ellas una en la que aparece con su hija menor Antonella y con Manuel Grau, catalán nacionalizado colombiano tras la llegada de Petro al poder, según documentos citados por La Silla Vacía—, el presidente le pidió al embajador que intercediera ante los medios para frenar la cobertura. Reyes respondió, según declaró a Caracol Radio, que en Suecia no es posible coartar la libertad de prensa ni impedir que los ciudadanos tomen fotografías en espacios públicos.
El episodio deja tres preguntas abiertas. La primera es institucional: un embajador de carrera desmintió al presidente de la República en un asunto que involucra el uso de recursos públicos y la reputación del país en el exterior. ¿Qué hace la Cancillería o la Casa de Nariño con una denuncia de esa magnitud hecha por el presidente sin evidencia pública?
La segunda es de coherencia política. ¿Cómo se concilia la invocación gubernamental de la libertad de expresión con un pedido presidencial, según el relato del embajador, de presionar a un medio extranjero para que dejara de cubrir a la primera dama?
La tercera es la más delicada. Petro afirmó tener los nombres de los supuestos financiadores. Reyes negó los hechos con nombre propio y cargo, y se presentó como uno de los señalados. ¿Corresponde que el silencio del Ejecutivo se extienda hasta convertir la afirmación presidencial en un asunto sin responsable?
Reyes aclaró, en línea con lo que el propio Petro había dicho al inicio de la polémica, que el viaje de Alcocer no se financió con recursos públicos. La aclaración no cierra el debate: la estadía coincidió con la inclusión de la pareja presidencial en la Lista Clinton y con el cierre del contrato para la compra de los aviones suecos Gripen, dos hechos que el gobierno tampoco ha logrado desligar de la agenda bilateral con Estocolmo, según la reconstrucción de La Silla Vacía.
La separación de hecho entre Petro y Alcocer, que el propio presidente reconoció públicamente tras la sanción de Estados Unidos, no tiene efectos jurídicos: ella sigue siendo la esposa del presidente y, por tanto, la primera dama. Pero la discusión de fondo ya no es el estado civil de la pareja. Es si el gobierno está dispuesto a rectificar cuando uno de sus propios embajadores desmiente una denuncia presidencial, o si prefiere dejar que el silencio haga el trabajo que las pruebas no hicieron.