El incidente del 4 de junio frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Teusaquillo expone un problema recurrente en la competencia electoral colombiana: la velocidad con que los candidatos construyen narrativas políticas sobre hechos que aún no han sido investigados por las autoridades competentes.
Según reportó La Opinión, un grupo de manifestantes realizó protestas frente a la sede. En los videos difundidos por la campaña de De la Espriella se observa a personas gritando desde el exterior; uno de ellos portaba un cartel de la campaña de Iván Cepeda. La campaña de De la Espriella interpretó esta presencia como indicador de coordinación política y amplificó esa interpretación a través de redes sociales sin esperar investigación oficial.
Aquí radica el problema metodológico. La presencia de un cartel en una protesta no constituye evidencia de coordinación. Sin embargo, la interpretación circuló sin mediación de verificación institucional. La Fiscalía General de la Nación, a la que corresponde investigar hechos de violencia o desorden público, no había actuado cuando ya circulaban acusaciones sobre quién estaba detrás del evento.
El presidente Gustavo Petro respondió pidiendo a De la Espriella “poner fin al discurso del odio” y advirtiendo sobre la responsabilidad de quienes hacen afirmaciones públicas. Ambas respuestas operan en la misma lógica: atribuir responsabilidad política sin distinguir entre hechos verificados y especulación.
Este patrón se repite. Durante la primera vuelta electoral, según consignó La Opinión, una sede de la candidata Paloma Valencia fue reportada como vandálizada durante una marcha universitaria. El hecho fue repudiado por las demás campañas, pero esa repudiación no impidió que cada actor político interpretara el evento a través de su propia narrativa.
Lo que falta en estos episodios es precisión institucional. ¿Quiénes fueron exactamente los manifestantes? ¿Cuál era su afiliación política verificable? ¿Existió coordinación organizada o fue una protesta espontánea? Estas preguntas requieren investigación forense y testimonial, no interpretación de campaña. La Fiscalía debería ser la institución que responda con evidencia, no con declaraciones públicas de candidatos que actúan como si ya tuvieran las respuestas.
El riesgo institucional es claro. Cuando candidatos presidenciales atribuyen actos de violencia a sus adversarios sin investigación oficial que lo respalde, crean un ciclo de acusaciones mutuas que erosiona la confianza en el proceso electoral. Cada incidente menor se amplifica como evidencia de una conspiración más amplia. La polarización se retroalimenta. La capacidad de las instituciones electorales para mantener credibilidad se debilita.
Petro propuso la creación de un comité conjunto entre campañas para “promover la tranquilidad ciudadana”. La idea tiene mérito administrativo como espacio de diálogo, pero no resuelve el problema de fondo: candidatos que utilizan hechos violentos como insumo retórico antes de que exista investigación. Un comité de diálogo no puede sustituir a la Fiscalía.
Lo que se requiere es una norma de conducta electoral que establezca claramente que ningún candidato puede atribuir públicamente un acto de violencia a una campaña rival sin investigación oficial que lo respalde. No es censura. Es rigor institucional. Es la diferencia entre decir “se registró una protesta frente a nuestra sede” y decir “la campaña X orquestó un ataque coordinado”.
Colombia ha vivido décadas en las que la violencia política fue moneda de cambio electoral. Los candidatos de hoy tienen la responsabilidad de romper ese patrón. Eso no significa renunciar al debate duro. Significa separar los hechos verificados de las interpretaciones políticas. Significa permitir que las instituciones investiguen antes de acusar.
El debate político debe resolverse en las urnas. Pero para que eso sea posible, las campañas deben actuar como si creyeran en ello.