La confirmación del traslado de Felipe Harman desde la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hacia la campaña presidencial de Iván Cepeda ilustra un patrón recurrente en la administración Petro: la permeabilidad entre los aparatos estatales y las estructuras electorales.
Según reportó La FM, la decisión habría sido coordinada desde la Casa de Nariño como parte de los movimientos de personal que preceden a la segunda vuelta electoral. El cambio de Harman no es un acto aislado sino un indicador de cómo el Gobierno utiliza su capacidad de designación en entidades públicas para fortalecer sus opciones políticas en momentos críticos.
La ANT es una entidad de relevancia institucional. Su misión incluye la administración de tierras baldías, la formalización de predios y la implementación de políticas de restitución. Estos son asuntos que tocan directamente intereses de sectores agrarios, campesinos y grupos vulnerables. La salida de su director mientras se aproxima una segunda vuelta presidencial plantea interrogantes sobre la continuidad administrativa y la priorización de objetivos electorales sobre gestión institucional.
No es inusual que funcionarios se vinculen a campañas. Lo que merece atención es el momento y la magnitud. Cuando un director de entidad sustantiva abandona su cargo en vísperas de una definición electoral, la pregunta legítima es si la institución quedará con capacidad de respuesta o si los tiempos electorales han subsumido los tiempos de gestión.
La Casa de Nariño ha enfatizado que estos movimientos responden a estrategia política. Eso es transparencia relativa: reconoce el propósito pero no resuelve el problema de fondo. Una administración que necesita extraer funcionarios de sus cargos para reforzar campañas electorales está señalando, involuntariamente, que sus estructuras institucionales no son suficientemente robustas o que la prioridad electoral supera la institucional.
Iván Cepeda, como precandidato de la coalición de Gobierno, tiene derecho a armar su campaña. El Gobierno tiene derecho a apoyar candidatos afines. Lo que el Estado de derecho exige es que esa actividad política no debilite las capacidades de gestión de sus entidades. En este caso, la salida de Harman de la ANT sugiere que esa línea se ha cruzado.
Falta conocer quién asumirá la dirección de la ANT y bajo qué condiciones. También, si hay otros movimientos de personal en marcha. La respuesta a estas preguntas determinará si estamos ante un ajuste táctico o ante un patrón más amplio de subordinación de la administración a los tiempos electorales.