Rosa Mayerly Olaya Coronado, trabajadora de Homecenter en Soacha, fue asesinada el domingo 12 de julio de 2026 al interior del establecimiento comercial donde laboraba. El ataque, perpetrado con arma blanca, fue atribuido por el alcalde Julián Sánchez Acosta a su expareja, capturado en el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció. Los hechos son indagados como un posible feminicidio, según reportó Caracol Radio.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el país arrastra desde hace más de una década: qué está fallando en las rutas de atención y protección a mujeres en riesgo. La Ley 1257 de 2008 y la Ley 1761 de 2015, conocida como ley Rosa Elvira Cely, establecieron medidas de protección y tipificaron el feminicidio como delito autónomo. Sin embargo, los registros oficiales de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran que, año tras año, los casos de violencia intrafamiliar y feminicidio se mantienen en niveles altos, con picos en municipios periféricos de Bogotá como Soacha.
La información disponible sobre este caso es preliminar. No se conocen aún los antecedentes de medidas de protección que la víctima hubiera podido solicitar, ni si existían denuncias previas contra el agresor. Tampoco se ha informado sobre el estado del proceso de judicialización más allá de la captura en flagrancia. La Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, según lo anunció el alcalde, brindará acompañamiento a la familia, pero ese acompañamiento llega después del hecho consumado.
La Fiscalía General de la Nación tiene ahora la responsabilidad de avanzar en la investigación bajo el protocolo de feminicidio, que incluye la práctica de pruebas específicas y el análisis del contexto de violencia de género. La Ley 1761 establece penas de entre 250 y 410 meses de prisión cuando se configuran circunstancias de agravación, como relaciones íntimas previas entre víctima y victimario. Si la investigación confirma que el agresor era la expareja, como señaló el alcalde, el caso encuadraría en esa tipificación.
Más allá del proceso penal, queda pendiente una evaluación institucional sobre qué falló en la prevención. Las comisarías de familia, las rutas de la Policía Nacional para casos de violencia intrafamiliar y los programas de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer tienen competencia concurrente en estos casos. El municipio de Soacha, con una población superior a 800.000 habitantes según proyecciones del DANE, enfrenta retos logísticos en la cobertura de estos servicios.
La columna no pretende pronunciarse sobre la culpabilidad del capturado más allá de lo informado por las autoridades locales. Corresponde a la Fiscalía establecer las circunstancias exactas del crimen y a la justicia ordinaria definir la responsabilidad penal. Pero sí es pertinente señalar que cada caso de feminicidio registrado en Colombia debería activar una revisión de las rutas de protección previas, no solo un parte judicial posterior.
Rosa Mayerly Olaya Coronado tenía un empleo formal en una cadena comercial nacional. Trabajaba al interior de un establecimiento. Fue atacada allí. Ese dato, por sí solo, interpela a los empleadores sobre los protocolos de seguridad en lugares de trabajo y a las autoridades sobre la capacidad de respuesta cuando una mujer en riesgo llega a su jornada laboral.
La noticia sigue en desarrollo. La columna se actualizará cuando haya pronunciamientos oficiales de la Fiscalía o del Instituto Nacional de Medicina Legal.