La Corporación Compromiso reportó un incremento del 180 por ciento en feminicidios perpetrados bajo modalidad sicarial en Bucaramanga y su área metropolitana. El dato no es una cifra aislada de violencia común. Es el termómetro de una fractura institucional específica: la incapacidad del Estado para mantener monopolio de la fuerza en territorios urbanos estratégicos.
El análisis del Observatorio de Paz, según reportó El Frente, identificó que varias víctimas mantenían vínculos sentimentales con miembros de estructuras delincuenciales enfrentadas entre sí. La violencia contra estas mujeres respondería a retaliaciones entre bandas y a operaciones de intimidación territorial. No se trata de homicidios pasionales. Se trata de feminicidios instrumentalizados como herramientas de guerra criminal.
Juan Esteban Arenas, analista de la Corporación Compromiso, señaló que estos crímenes deben clasificarse como feminicidios incluso cuando ocurren en contextos de disputa entre organizaciones ilegales. El argumento es jurídicamente sólido: la intención de matar a una mujer por su condición de mujer persiste, aunque el móvil sea territorial. La ley 1761 de 2015 —que tipificó el feminicidio— no excluye casos donde la víctima tiene conexiones con actores armados ilegales. La vulnerabilidad de género se superpone a la vulnerabilidad derivada del conflicto criminal.
Lo que preocupa es el desplazamiento geográfico del fenómeno. Estos asesinatos migraron de espacios domésticos a calles, barrios y espacios públicos. Eso significa que el crimen organizado en Santander ya no oculta su violencia contra mujeres. La ejerce como demostración de poder. Barrancabermeja y Bucaramanga son ciudades con presencia histórica de grupos armados ilegales y disputa territorial. El incremento documentado sugiere que esas disputas se han intensificado y que las mujeres —en particular aquellas con vínculos familiares o sentimentales con combatientes— se han convertido en objetivos legítimos dentro de la lógica criminal.
La pregunta que debe formular el gobierno nacional es por qué la Policía Nacional, la Fiscalía General y las autoridades locales no han revertido esta tendencia. Si el fenómeno es cuantificable, debe ser prevenible. Si existen patrones identificables —retaliaciones entre bandas específicas, territorios de riesgo conocidos, perfiles de víctimas— entonces existen puntos de intervención. La ausencia de resultados visibles sugiere que esos puntos no están siendo atacados con recursos suficientes o que la inteligencia criminal supera la capacidad estatal de respuesta.
El deterioro institucional en seguridad pública no es abstracto. Tiene rostro: el de mujeres asesinadas en espacios públicos porque grupos armados ilegales controlan territorios donde el Estado no penetra. Eso es lo que dice el informe de la Corporación Compromiso. Y eso es lo que debe obligar a una respuesta estatal diferente de la que ha fracasado hasta ahora.
La Fiscalía debe publicar datos desagregados sobre investigaciones en feminicidios sicariales. La Policía debe reportar operaciones específicas contra estructuras responsables de estos crímenes. Las autoridades locales de Bucaramanga y Barrancabermeja deben explicar qué está fallando en territorio. Mientras tanto, el 180 por ciento de aumento sigue siendo solo un número. Pero detrás de ese número hay mujeres muertas en espacios públicos. Eso no es tolerable.