Eva Ferrer Galcerán optó por el silencio y, al mismo tiempo, por la formalidad. El comunicado divulgado por El Tiempo y replicado por Infobae Colombia informa que la única voz autorizada sobre el caso será la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados. La exconsejera presidencial argumentó, según el texto reproducido por esos medios, que las grabaciones habrían sido obtenidas al margen de la ley y divulgadas sin procedimiento, y que su decisión responde al debido proceso y a la estrategia jurídica definida para el asunto.
La decisión es procesalmente comprensible. Concentrar la vocería en una sola oficina reduce filtraciones cruzadas y protege la defensa. Lo que no resuelve es el fondo. En las transcripciones divulgadas por Revista Semana, y reproducidas por Infobae, se mencionan montos específicos: cerca de dos millones de euros en movimientos, gastos mensuales de 50.000 euros y una presunta desaparición de 1.000 millones de pesos en efectivo. Esas cifras, atribuidas a Ferrer según el citado medio, quedaron sin desmentido categórico en el comunicado reproducido por la prensa nacional.
Esta columna no califica la autenticidad del material. Esa tarea corresponde a la Fiscalía, a la Contraloría y, eventualmente, a la justicia ordinaria. Tampoco prejuzga sobre la obtención de las grabaciones, aspecto que la defensa controvierte y que debe dirimirse en sede judicial. Lo que corresponde observar es la asimetría: mientras una parte del debate se concentra en la licitud del audio, las afirmaciones contenidas en él permanecen sin una respuesta sustantiva por parte de quienes aparecen mencionadas.
La primera dama Verónica Alcocer, según la nota de Infobae, no se ha pronunciado sobre los señalamientos que la involucran de manera directa. Esa ausencia no equivale a desmentido, aunque tampoco a confirmación. El país requiere, en cualquier caso, papeles firmados, no comunicados sobre comunicados.
Hay al menos tres preguntas que las autoridades competentes podrían responder con documentos:
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¿Existen registros contables o bancarios en Colombia o en el exterior que respalden o descarten los montos mencionados en las grabaciones divulgadas por Semana?
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¿La Unidad de Información y Análisis Financiero o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales han abierto requerimientos relacionados con las personas señaladas?
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¿Los estados financieros de la campaña presidencial de 2022, reportados ante el Consejo Nacional Electoral, incluyen los movimientos de efectivo a los que aluden las transcripciones?
La delegada en una firma de abogados puede ser una práctica habitual en defensas corporativas. El problema surge cuando esa práctica coincide con la falta de una versión oficial, contrastada y completa de los hechos. El peso de la verificación recae entonces sobre el aparato de justicia, mientras el debate público queda a merced de extractos y transcripciones.
Por ahora, la conclusión provisional es esta: una exfuncionaria eligió no hablar, una firma de abogados asumió la vocería, una primera dama permanece sin pronunciamiento público y una investigación periodística sostiene cifras que nadie ha rebatido con documentos. El país no necesita más conjeturas. Necesita papeles cruzados, cifras verificadas y decisiones institucionales. Si la grabación fue ilegal, que la justicia lo determine. Si los hechos narrados son ciertos, que se abra la investigación correspondiente sin distingos.