La Penitenciaría El Bosque de Barranquilla aparece otra vez en la conversación nacional por la razón equivocada. Según reportó El Universal de Cartagena, videos difundidos en redes sociales muestran presuntas celebraciones al interior del pabellón B, en las que internos identificados como alias Emiro y alias Camilo, vinculados a la estructura Los Costeños —que, según las grabaciones, ahora se denominaría Bloque Resistencia Caribe—, aparecen con música y lo que serían bebidas alcohólicas.
El Inpec confirmó la apertura de una investigación para esclarecer cómo se grabaron y publicaron los videos. El punto no es el ruido ni la música. El punto es que un teléfono celular con conexión a internet atravesó los filtros del establecimiento y llegó a una red social. Eso no es un incidente aislado: es la descripción técnica de un sistema de seguridad que ha dejado de funcionar.
Tres preguntas deberían estar sobre la mesa del Ministerio de Justicia y de la Dirección del Inpec.
Primera, quién controla los pabellones. Un centro que permite a dos internos organizar una reunión con equipos de sonido, bebidas y producción de contenido audiovisual durante el tiempo que sea necesario para grabar, editar y publicar, registra una falla de custodia, no un descuido administrativo.
Segunda, de dónde provienen los equipos. La investigación del Inpec debería establecer con qué frecuencia se realizan requisas en El Bosque, qué protocolos se aplican a los visitantes y a los proveedores de alimentos, y cuántos celulares han sido decomisados en los últimos doce meses. Esos números, si se producen, son públicos y consultables en los reportes de gestión de la entidad.
Tercera, qué información salió del penal. La grabación, según reportó El Universal, habría sido publicada desde la propia cuenta de uno de los internos. Eso implica conectividad sostenida, no un equipo introducido de manera excepcional. Una red de datos dentro de un establecimiento carcelario es, en sí misma, una vulneración de seguridad mayor.
El episodio se inscribe en un patrón conocido. La Contraloría General ha documentado en múltiples informes las deficiencias estructurales del sistema penitenciario colombiano: hacinamiento, rotación de personal de guardia, insuficiencia de equipos de detección y corrupción interna. La Bitácora ha señalado antes que la política de seguridad se evalúa por sus resultados operativos, no por sus declaraciones. Una fiesta con licor, música y difusión en X al interior de una penitenciaría de máxima seguridad es, en ese marco, un resultado operativo.
Hay un segundo frente, menos visible pero igual de grave: la gobernanza criminal. Las autoridades han vinculado a Los Costeños con extorsiones, homicidios y otras actividades ilícitas. La posibilidad de que esa estructura opere desde dentro del penal, con capacidad de comunicación hacia el exterior, debería activar a la Fiscalía y a la Unidad de Investigación Criminal del Inpec, más allá del expediente disciplinario. La investigación interna del Inpec es pertinente, pero no suficiente. El Ministerio Público y la Procuraduría deben intervenir para determinar si existen responsabilidades disciplinarias de funcionarios de turno y, eventualmente, penales.
No se trata de dramatizar. Se trata de medir. Un penal que filtra videos, alcohol y teléfonos no es un penal que cumple su función de resocialización ni de contención. Es un establecimiento que ha perdido el control de su perímetro, y eso, en política criminal, tiene costos que se pagan afuera: en las calles de Barranquilla, en los comercios extorsionados, en los barrios donde las estructuras reclutan.
La investigación del Inpec debe concluir con cifras, nombres y sanciones. De lo contrario, el próximo video no será una sorpresa. Será una continuidad.