Cuando una entidad financiera privada se posiciona como actor de política educativa, vale la pena descomponer el mensaje. Fincomercio, un fondo de financiamiento especializado, ha lanzado una iniciativa para ampliar el acceso a educación superior mediante crédito. La propuesta toca un nervio real: Colombia tiene una brecha de cobertura en pregrado que ronda el 45% en zonas rurales y ciudades intermedias, según datos del Ministerio de Educación. Pero la solución que se ofrece —financiarización de la demanda— plantea dilemas que merecen escrutinio.
La lógica del mercado y sus límites
El argumento es familiar en economía de desarrollo: si la restricción es crediticia (estudiantes sin acceso a crédito porque no tienen garantías o historial), entonces un intermediario que absorba ese riesgo amplía la frontera de oportunidades. En teoría, funciona. En la práctica regional, la historia es más complicada.
Brasil experimentó una expansión masiva de crédito estudiantil privado en los años 2000. El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y fondos privados financiaron decenas de miles de matrículas. Una década después, los datos mostraban que el 60% de los deudores en zonas de menor ingreso no completaban sus carreras, y muchos quedaban endeudados sin credencial. El Banco Mundial documentó que la tasa de incumplimiento llegó a 40% en algunos segmentos. Colombia no está aislada de esos riesgos.
El problema estructural no es solo crediticio. Es de oferta. Si hay 100 estudiantes en Bucaramanga dispuestos a pagar una carrera pero solo 60 cupos disponibles en universidades de calidad acreditada, ampliar el crédito no crea cupos: los precios suben, y los estudiantes de menor ingreso terminan endeudados en instituciones de baja calidad. Eso no es transformación social; es transferencia de riesgo hacia abajo.
Dónde está el Estado
La pregunta incómoda es por qué una función que debería ser estatal —garantizar acceso a educación superior como derecho— se terceriza a fondos privados. Colombia gasta alrededor del 4.5% del PIB en educación pública, según la OCDE. Eso está por debajo del promedio de la región (5.2%) y muy por debajo de países desarrollados (6.5%). No es un problema de falta de dinero privado disponible; es de priorización fiscal.
Fincomercio no es malo por ser privado. Pero cuando el sector privado llena vacíos que el Estado abandona, la relación de poder se invierte. El fondo establece criterios de elegibilidad, tasas de interés, plazos de pago. El estudiante, especialmente el de origen humilde, negocia desde la debilidad.
Hay un modelo alternativo documentado. Uruguay ha mantenido un sistema de educación superior pública de acceso abierto con financiamiento fiscal progresivo. La cobertura bruta en terciaria ronda el 75%. Sí, tiene problemas de calidad y eficiencia, pero no produce deuda estudiantil masiva. Chile, por el contrario, liberalizó el crédito en los años 1980 y ahora enfrenta una crisis de endeudamiento estudiantil que ha derivado en movimientos sociales y presión por condonación de deuda. Esos son los dos extremos del espectro.
Implicaciones para la región andina
En Perú y Bolivia, fondos privados de crédito educativo operan con tasas de interés que rondan el 12-15% anual. Los datos de incumplimiento son públicos: alrededor del 35% en Perú según reportes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Eso significa que por cada tres estudiantes que acceden a crédito, uno termina en mora. No es un fracaso del estudiante; es un fracaso del modelo.
Si Fincomercio replica esa estructura en Colombia, la pregunta es cuál será la tasa de interés, cuáles los criterios de cobranza, y qué pasa cuando un egresado de una carrera de baja empleabilidad no puede pagar. ¿Hay protecciones contra sobreendeudamiento? ¿Hay cláusulas de condonación por desempleo prolongado? La nota de prensa no lo aclara.
Lo que falta en el debate
Una política de educación superior que funcione en contexto de desigualdad regional requiere tres pilares: (1) expansión de oferta pública de calidad en ciudades intermedias, no solo en capitales; (2) financiamiento fiscal progresivo que no dependa de deuda estudiantil; (3) regulación estricta de crédito privado cuando exista, con protecciones al consumidor.
Fincomercio puede ser parte de la solución, pero no puede ser la solución. Si el gobierno nacional sigue reduciendo presupuesto de educación superior pública —como ha ocurrido en los últimos tres años, según reportes de Asofacultades— entonces el crecimiento de crédito privado será síntoma de una crisis de política pública, no de innovación.
La educación es motor de transformación social. Pero solo si produce movilidad, no endeudamiento. Colombia necesita ese debate claro.