La jornada presidencial del 31 de mayo transcurrió con relativa calma en la mayor parte del país, pero generó números significativos en materia de seguridad: la Fiscalía General materializó 85 órdenes de captura en 12 departamentos. De ese total, ocho estuvieron directamente vinculadas a irregularidades electorales, según el comunicado de la entidad.
En Popayán capturaron cinco personas por presunta compra de votos. En Cumaral (Meta) detuvieron a alguien por intento de suplantación de testigo electoral. En Valledupar, una mujer fue detenida tras votar en dos mesas distintas. La Fiscalía también abrió investigación contra la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, presuntamente implicada en constreñimiento al sufragio, y la Procuraduría la suspendió provisionalmente.
El grueso de las 85 capturas respondió a delitos comunes: homicidio, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Según la Fiscalía, entre los detenidos figura un jurado de votación en Hato Corozal (Casanare) requerido por presunta comisión de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La entidad abrió además 10 noticias criminales específicamente por delitos electorales en seis departamentos y 107 más por ilícitos contra la seguridad ciudadana.
Un dato que llama la atención: 77 personas que figuraban en registros de desaparecidos acudieron a votar en 15 departamentos. La Fiscalía emitió actas de supervivencia y las descargó de los registros oficiales. El comunicado no especifica si hubo investigación previa sobre por qué estaban reportadas como desaparecidas.
La Defensoría del Pueblo documentó 369 incidentes durante la votación, pero señaló que ninguno comprometió gravemente el proceso. Ambas instituciones hicieron llamados a actores políticos y ciudadanía para mantener prudencia de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, que enfrentará a Abelardo de la Espriella (43,74% según la Registraduría) e Iván Cepeda Castro (40,90%).