El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se sentó esta semana con la fiscal general Luz Adriana Camargo, con magistrados de la Corte Suprema y con representantes de la Judicatura a presentar cinco medidas para endurecer el combate al crimen organizado en la capital. El paquete, construido con penalistas y académicos según el Distrito, incluye desde la aceleración de juicios por flagrancia hasta el uso de inteligencia artificial para legalizar capturas.
Las cinco propuestas, reportadas por Cambio Colombia, son las siguientes. Primero, reducir los tiempos entre la captura en flagrancia y la sentencia, con el argumento de que la demora actual alimenta la reincidencia. Segundo, permitir que los jueces consulten el historial de capturas e imputaciones al momento de definir medidas de aseguramiento, para lo cual el Distrito propone reforzar los sistemas de información existentes. Tercero, eliminar las barreras administrativas que hoy limitan el acceso de la Policía a cámaras privadas de vigilancia. Cuarto, ampliar el alcance del concierto para delinquir, de modo que los jefes de las estructuras criminales respondan por cada delito cometido por sus subalternos. Y quinto, incorporar herramientas de inteligencia artificial a los trámites de captura y legalización, con el objetivo de liberar a los uniformados que hoy permanecen en acompañamiento de detenidos.
El diagnóstico detrás del paquete es razonable. La reincidencia es un problema documentado en los reportes de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Bogotá, y la congestión en la legalización de capturas es una queja constante de los comandantes operativos. Hay, sin embargo, una diferencia importante entre presentar una propuesta en una sala con la fiscal y tener la capacidad institucional para ejecutarla. La Fiscalía atraviesa restricciones presupuestales conocidas, y la Rama Judicial arrastra un déficit de jueces que ningún software de inteligencia artificial va a resolver por sí solo.
En la reunión, Camargo habría expresado disposición a instalar mesas de discusión y a tratar los puntos como un asunto de interés nacional, según lo que el propio Galán trasladó a la prensa. El alcalde también reportó una conversación con el próximo ministro de Justicia, Iván Cancino, quien asumiría el cargo el 7 de agosto y habría manifestado voluntad de trabajar en las iniciativas. Habría, y no asumió: la columna escribe en condicional porque se trata de versiones del alcalde sobre lo dicho por dos funcionarios, no de actos administrativos publicados.
La propuesta sobre cámaras privadas merece una lectura cuidadosa. Facilitar el acceso policial a grabaciones de comercios y residencias puede mejorar la reacción inmediata, pero también abre interrogantes sobre reserva judicial, cadena de custodia y protección de datos personales que el Distrito no parece haber detallado. Una cosa es reducir tramites y otra es saltarse controles. La anunciada ampliación del concierto para delinquir, por su parte, requeriría una reforma al Código Penal que no depende de la Alcaldía sino del Congreso, donde el ambiente para endurecer penas ha sido errático.
El paquete tiene, en suma, tres problemas. Uno de competencia: varias de las medidas escapan a la órbita del Distrito Capital. Dos de capacidad: la Fiscalía y la Judicatura necesitarían recursos adicionales para responder a los nuevos tiempos y cargas que se les plantea. Y uno de secuencia: presentarlas a pocos días del cambio de ministro de Justicia equivale a condicionar la agenda del nuevo gobierno sin que este se haya pronunciado formalmente. Galán hace bien en poner el tema sobre la mesa. La ciudadanía merece saber, sin embargo, quién asume el costo fiscal y político de cada punto antes de celebrarlo como un avance.
Como reportó Cambio Colombia, la reunión es el primer contacto formal entre la Administración Distrital y la cúpula judicial en torno a un paquete articulado de seguridad para Bogotá. Queda ver si las mesas anunciadas producen algo más que comunicados conjuntos.