El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) lanzaron un paquete de 17 medidas dirigidas a gobernaciones, alcaldías y empresas para enfrentar la llegada probable de El Niño. Las proyecciones hablan de un 82 % de probabilidad entre mayo y junio, con permanencia cercana al 96 % hasta febrero de 2027.
La ministra Irene Vélez Torres caracterizó la decisión como un acto de “responsabilidad frente a la crisis climática”. Aunque el fenómeno aún no se consolida oficialmente, el Gobierno consideró que el riesgo justifica activar protocolos preventivos ahora en lugar de esperar a que se confirme.
El plan se divide en tres frentes. Primero, incendios forestales: el ministerio pidió reforzar alertas tempranas, aumentar monitoreo de puntos de calor y fortalecer capacidad de respuesta de bomberos. También exige restricción de quemas abiertas en zonas sensibles.
Segundo, disponibilidad de agua. Las autoridades pidieron intensificar monitoreo de fuentes hídricas y, si es necesario, priorizar agua para consumo humano y agricultura sobre usos industriales. Incluye campañas de ahorro.
Tercero, protección de ecosistemas estratégicos: bosques, humedales y zonas costeras. Las medidas buscan proteger corredores biológicos, facilitar migración de fauna y monitorear fenómenos como blanqueamiento de corales y erosión costera.
Para las empresas con licencias ambientales, la Anla emitió siete medidas adicionales. Pide revisión de planes de contingencia, fortalecimiento de programas de uso eficiente del agua y aumento de monitoreo ambiental. También exige acelerar incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia.
El Gobierno apunta a reducir impactos sobre comunidades y economía mediante coordinación entre entidades nacionales, regionales y locales. Es el tipo de ejercicio preventivo que, si funciona, es invisible: nadie ve la crisis que no llegó.