La Alcaldía de Bogotá ha radicado ante el Concejo Distrital una reforma tributaria que pretende extender las retenciones del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a los movimientos cursados por Bre-B, la infraestructura de pagos inmediatos operada por el Banco de la República. Según alertó Colombia Fintech, esta disposición introduciría fricciones técnicas que podrían frenar la adopción digital en un momento crítico para la competitividad capitalina. Desde una perspectiva de mercado, convertir un bien público diseñado para la eficiencia sistémica en un mecanismo de recaudo anticipado va en contravía de las tendencias hemisféricas y envía señales confusas a los inversionistas.
Adopción masiva y riesgo de reversa al efectivo
Para dimensionar el impacto potencial de la medida, es indispensable remitirse a los datos reportados por el sector. De acuerdo con la información publicada por Pulzo, Bre-B cuenta actualmente con más de 110 millones de llaves registradas y 35 millones de usuarios activos, lo que implica una cobertura cercana al 80 % de la población colombiana. Más allá del alcance masivo, su perfil transaccional revela su función como columna vertebral de la economía popular: según la misma fuente, el valor promedio por operación se sitúa en 150.000 pesos, mientras que el 40 % de las transacciones se concentra en montos entre 10.000 y 50.000 pesos.
Estas cifras confirman que la plataforma es el canal principal de microcomercios y trabajadores independientes que inician su tránsito hacia la formalidad. Al aplicar retenciones sobre este segmento específico, se introduce una barrera financiera que actúa como un gravamen regresivo a la liquidez diaria. La experiencia comparada en la región andina sugiere que cuando el costo administrativo o financiero de cumplir con una obligación tributaria supera el margen operativo de una transacción de bajo monto, el incentivo racional del agente económico es abandonar el canal digital. Esto generaría un doble perjuicio para la hacienda distrital: se desestimula la actividad formal que se pretende gravar y se erosiona la base de información fiscal futura que provee la trazabilidad electrónica.
Lecciones hemisféricas y estabilidad regulatoria
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, calificó la iniciativa como un error y argumentó que gravar este sistema contradice la experiencia internacional en jurisdicciones referentes como Brasil e India. En efecto, economías que han liderado la transformación digital en el Sur Global utilizaron sus sistemas de pagos instantáneos —Pix y UPI, respectivamente— como herramientas de política pública orientadas a reducir la informalidad y disminuir los costos de transacción, no como nodos de fricción tributaria. ¿Es prudente sacrificar este proceso por necesidades de caja de corto plazo? Desde el análisis económico, parece un error de cálculo estratégico.
Para los organismos multilaterales y el capital extranjero que monitorea el clima de negocios en Colombia, la estabilidad regulatoria en infraestructuras críticas es tan determinante como la tasa de interés. El Banco de la República diseñó Bre-B para ser un habilitador de eficiencia, y cuando una administración local altera unilateralmente las reglas sobre una infraestructura nacional, se introduce un riesgo regulatorio fragmentado que eleva el costo de capital para todo el ecosistema tecnológico. La evidencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial indica consistentemente que la digitalización de pagos es uno de los predictores más robustos de crecimiento en la productividad total de los factores en economías emergentes.
Es comprensible que la administración distrital enfrente presiones fiscales tras la coyuntura reciente. Sin embargo, la solución sostenible no puede sacrificar la infraestructura que precisamente permite ampliar la base tributaria a largo plazo. El llamado del gremio a revisar la redacción antes de su aprobación debe atenderse con rigor técnico. Existe espacio institucional para diseñar mecanismos de recaudo compatibles con la adopción tecnológica. Si Bogotá aspira a consolidarse como un hub financiero regional, sus políticas deben alinearse con estándares internacionales donde la infraestructura de pagos se protege como activo estratégico. De lo contrario, la ciudad podría obtener recursos inmediatos a costa de perder la carrera por la modernización económica en la próxima década.