El viernes 19 de junio, en horas de la noche, una base militar del Ejército Nacional ubicada en el municipio de Hacarí, Norte de Santander, fue objeto de un hostigamiento con ráfagas de fusil y explosivos, según reportó Infobae Colombia citando a Caracol Radio y a medios regionales. La nota indica que las tropas acantonadas repelieron el ataque y que, al momento de su publicación, no se reportaban soldados heridos ni afectaciones graves a la integridad de los uniformados. La información sigue siendo catalogada por el propio medio como “noticia en desarrollo”, lo que obliga a leer con cautela cualquier conclusión definitiva.
El hecho, en sí mismo, no constituye una anomalía regional. Hacarí hace parte del Catatumbo, una zona con presencia documentada del ELN, de disidencias de las antiguas FARC y de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal. Lo que sí merece subrayarse es que este episodio se produce en simultánea con dos circunstancias que Infobae también registra: un incremento de acciones violentas contra la población civil en las últimas 72 horas, de acuerdo con reportes conocidos en la zona, y alertas tempranas por un posible constreñimiento electoral en el marco de la segunda vuelta presidencial. Hasta la publicación de esta columna, ni la Misión de Observación Electoral ni la Defensoría del Pueblo habían emitido un pronunciamiento formal que permita dimensionar el alcance de esas denuncias.
Hay tres preguntas que el Gobierno nacional y la fuerza pública deben responder con urgencia. Primera, la atribución del ataque. Un hostigamiento de esta naturaleza deja rastros materiales: tipo de artefactos empleados, calibre de las armas y modus operandi. Corresponde a la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta del Catatumbo informar qué estructura sería la presunta responsable, sin esperar a que la información se reconstruya desde la prensa regional. Segunda, el balance oficial de daños. La afirmación de que no hubo heridos debe ser ratificada con un parte militar verificable y no solo con declaraciones preliminares. Tercera, la conexión entre el hostigamiento y las alertas de constreñimiento. Si ambos fenómenos se producen en el mismo corredor y en la misma ventana de tiempo, ¿existe una estrategia deliberada de intimidación al elector? Esa hipótesis debe ser evaluada, no descartada por defecto.
El Catatumbo viene acumulando indicadores críticos. A la información de Infobae se suman los reiterados informes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones como la Fundación Pares que documentan confinamientos, desplazamientos forzados y amenazas a líderes sociales en municipios como Tibú, El Tarra, Convención y Teorama. La diferencia entre una zona en disputa y una zona en crisis humanitaria es, en buena medida, la capacidad del Estado para sostener una presencia militar y civil permanente, no para responder ataques puntuales.
¿Qué ha pasado con la política de seguridad en la región? En el Catatumbo, la estrategia de “paz total” se ha traducido, en los hechos, en una fragmentación mayor del mapa criminal: los acuerdos parciales con unas estructuras no han disuadido a otras y, en algunos casos, han reconfigurado las zonas de control. Mientras tanto, la fuerza pública ha sido replegada en varias oportunidades y ha asumido funciones de contención más que de ofensiva sostenida. ¿Es razonable concluir que el Estado retrocede en presencia territorial justo cuando los grupos armados avanzan? La pregunta queda planteada para que el Ministerio de Defensa la responda con cifras, no con comunicados.
A tres semanas de la segunda vuelta, la integridad del proceso electoral en el Catatumbo es un asunto de Estado. Si las alertas de constreñimiento se confirman, la Registraduría, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares tienen la obligación de activar protocolos específicos de protección al votante y al material electoral. Si no se confirman, corresponde desmentirlas con la misma transparencia. Lo que no puede ocurrir es que la opinión pública se entere del estado real del orden público en la región únicamente cuando un medio publica una noticia en desarrollo.
Una fuerza pública profesional no se sostiene con declaraciones de apoyo retórico desde Bogotá. Se sostiene con inteligencia operativa, con presencia territorial sostenida y con información pública verificable. El ataque a la base de Hacarí es, ante todo, un recordatorio de que en el Catatumbo el Estado sigue debiendo.