¿Puede el espectáculo deportivo sobrevivir intacto cuando sus protagonistas atraviesan el umbral del tribunal penal? La pregunta, que parece retórica, adquiere cuerpo cada vez que un atleta de élite ve su nombre vinculado a un proceso por delitos contra la persona. El anuncio de que Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain y capitán de Marruecos, será finalmente juzgado por presunta violación en Francia, no es una noticia más del mercado de fichajes. Es, mutatis mutandis, una nueva encrucijada donde el derecho penal, la industria del entretenimiento y la esfera pública colisionan sin mediación.
El tribunal de apelación de Versalles confirmó este viernes lo que la defensa del jugador había intentado evitar. En mayo de 2026, según la información disponible, Hakimi solicitó el sobreseimiento del caso que se originó en febrero de 2023, cuando una joven lo denunció por hechos ocurridos un mes antes en su residencia parisina. La denuncia describe un patrón que los tribunales franceses han visto antes en procesos contra figuras públicas: contacto inicial por redes sociales, desplazamiento facilitado por el imputado, y una versión de los hechos radicalmente opuesta entre las partes. Hakimi, que siempre ha calificado la acusación de “falsa”, escribió tras la confirmación que espera el proceso “con impaciencia” y que “por fin podré hablar”. Su abogada, Fanny Colin, subrayó que “de momento no se ha dicho que sea culpable de nada”. La contraparte, representada por Rachel-Flore Pardo, habló de “más de tres años de lucha judicial” y de una clienta “calumniada y arrastrada al barro”.
La tensión entre estas dos narrativas —la del hombre público que se declara víctima de una falsa denuncia y la de la mujer que enfrenta, según su relato, el doble costo de la agresión y la exposición mediática— no puede resolverse en esta columna. No es nuestra función. Pero sí corresponde señalar que el deporte profesional, y el fútbol en particular, ha construido durante décadas una maquinaria de reputación que funciona en sentido inverso al principio de presunción de inocencia. El patrocinador no espera sentencia firme para retirar su logo; la federación no aguarda la resolución de segunda instancia para convocar o dejar de convocar. Hakimi juega actualmente el Mundial de Estados Unidos 2026 al frente de una selección que lo tiene como emblema. La decisión judicial no parece haber alterado, por ahora, su condición de titular indiscutible. ¿Es esto coherencia institucional con la presunción de inocencia, o simple cálculo de intereses deportivos? La respuesta depende de quien administre el caso concreto, pero el patrón histórico no invita al optimismo.
Hannah Arendt, en su análisis del juicio a Eichmann, insistió en que la justicia penal requiere un espacio público donde el relato pueda someterse a prueba sin las distorsiones de la propaganda. El problema contemporáneo es que ese espacio ya no existe en estado puro. Las redes sociales, donde Hakimi eligió “callarme durante años” y donde ahora anuncia su disposición a hablar, han reemplazado el aula del tribunal como escenario primario de litigación simbólica. El jugador de 27 años dice haber optado por “mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia”. Su contraparte describe una batalla contra la difamación. Ambos relatos compiten por la atención pública antes de que el tribunal de Nanterre —donde se celebrará el juicio, en fecha aún no determinada— escuche a los testigos y examine las pruebas.
Los clubes europeos han desarrollado protocolos de gestión de crisis para estos casos, aunque raramente los hacen públicos. El Paris Saint-Germain, empleador de Hakimi, no ha emitido comunicado al respecto en las horas siguientes a la confirmación del juicio. Esta omisión institucional, lejos de ser neutral, es en sí misma una decisión comunicacional: el silencio del poderoso también pesa en la balanza pública. En la tradición del liberalismo clásico que intentamos cultivar en estas páginas, la transparencia de las instituciones —incluidas las privadas que operan con capital público o concesiones estatales— no es un lujo sino una condición de legitimidad. Un club que recibe millones en derechos de televisión y que representa, de facto, una ciudad entera no puede comportarse como una sociedad anónima cualquiera cuando uno de sus empleados enfrenta un proceso por violación.
La selección marroquí, por su parte, enfrenta una situación particularmente compleja. Hakimi no es un jugador más: es el rostro de la mejor generación futbolística de su país, el artífice del histórico cuarto puesto en Qatar 2022, el capitán que lidera a los Leones del Atlas en el Mundial actual. La Federación Real Marroquí de Fútbol deberá decidir si la presunción de inocencia es un principio que aplica también en medio de una competición planetaria, o si la mera existencia del juicio constituye una distracción incompatible con la concentración deportiva. No hay respuesta fácil, pero sí hay precedentes que no consuela revisar.
El caso Hakimi llega en un momento donde el deporte mundial atraviesa una crisis de autoridad moral sin precedentes. Desde la FIFA hasta los comités olímpicos nacionales, las instituciones han demostrado una capacidad notable para sobrevivir a escándalos que habrían destruido organizaciones menos blindadas por el afecto popular. Pero la supervivencia institucional no equivale a legitimidad. Cuando el tribunal de Nanterre finalmente se reúna, los colombianos que observamos desde la distancia geográfica deberíamos preguntarnos no solo sobre la culpabilidad o inocencia de un futbolista marroquí en Francia, sino sobre los mecanismos que tenemos —o no— para que casos similares no se resuelvan primero en las redes y solo después, si acaso, en los tribunales. La presunción de inocencia no es un privilegio del famoso; es una conquista civilizatoria que se erosiona cuando todos, incluidos quienes deberían defenderla, preferimos el veredicto anticipado.