El Ministerio de Salud de Venezuela confirmó la muerte de tres personas por hantavirus en el estado Anzoátegui y abrió una investigación por el fallecimiento de dos profesionales de la salud en Barinas, cuyos resultados aún no se han difundido. La cartera descartó, de momento, que exista un riesgo generalizado para la población y negó relación entre los casos de Barinas y los confirmados en Anzoátegui.
El dato, reportado por El Frente de Bucaramanga, no parece excepcional en sí mismo. Venezuela había registrado focos previos de hantavirus en Portuguesa durante 2025 y en Delta Amacuro en 2024, según el mismo comunicado oficial. La enfermedad, transmitida por el contacto con roedores en zonas rurales, suele ser sensible a condiciones de salubridad, vivienda y control vectorial. Que aparezcan casos en estados distintos en años consecutivos no configura una epidemia; sí configura, en cambio, un recordatorio de la importancia de la vigilancia epidemiológica sostenida.
Lo que llama la atención es el contexto informativo en el que se produce el anuncio. El pronunciamiento oficial llegó después de que circularan en redes sociales y medios locales versiones sobre presuntas alertas sanitarias. En países con instituciones debilitadas, el rumor tiende a llenar el vacío que deja la comunicación oficial tardía o deficiente. La secuencia —primero la especulación digital, después el comunicado— no es accidental: refleja una crisis previa de credibilidad.
Para Colombia, la cuestión no es retórica. Anzoátegui, Portuguesa, Delta Amacuro y Barinas son estados fronterizos o cercanos a zonas de movilidad con el territorio colombiano. Migración pendular, trochas, comercio informal y trabajadores del campo se mueven en ambos lados de la línea sin controles sanitarios sistemáticos. El Instituto Nacional de Salud, en Bogotá, debería estar produciendo algún tipo de alerta técnica dirigida a las entidades territoriales de Norte de Santander, Arauca, Vichada y La Guajira, detallando los focos identificados y los protocolos de vigilancia. No hay, hasta ahora, constancia pública de que esa comunicación se haya emitido.
El comunicado venezolano incluyó también un balance actualizado del doble terremoto del 24 de junio en el norte del país: 5.346 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 23.122 alojadas en 107 campamentos temporales, 856 edificaciones afectadas, 190 colapsadas y 1.405 réplicas desde el sismo. La sobreimposición de una emergencia sísmica de esa magnitud con focos zoonóticos activos es, como mínimo, un factor de riesgo. Los campamentos temporales, las condiciones de higiene y la concentración de población en espacios no aptos favorecen la circulación de virus respiratorios, gastrointestinales y, por supuesto, zoonóticos como el hantavirus.
Las autoridades venezolanas anunciaron, además, una jornada de toma voluntaria de muestras de ADN para identificar cuerpos en las morgues de La Guaira y Caracas. La medida es razonable, pero su carácter voluntario plantea interrogantes sobre la capacidad coercitiva del Estado para forzar la identificación cuando los familiares no comparecen o cuando los perfiles genéticos no están disponibles.
En materia de salud pública, la transparencia no es un lujo: es infraestructura. Un comunicado que llega después de la especulación en redes, con datos parciales y sin la debida coordinación con países vecinos, deja a la población sin las herramientas para distinguir entre riesgo real y ruido informativo. Esa es la verdadera emergencia.