El presidente Gustavo Petro divulgó esta semana una comunicación de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol en la que, según la documentación publicada por la firma londinense Amadeus Consultancy, se confirma que no existen registros, alertas ni notificaciones internacionales asociadas a su nombre en las bases globales de la organización. La consulta fue respondida por la Oficina Central Nacional de Interpol en Estados Unidos, que autorizó entregar esa información a la defensa del mandatario, como reportó El Heraldo.
El alcance de esa respuesta, sin embargo, es más limitado de lo que sugiere el tono presidencial. La propia Comisión de Control de los Ficheros aclaró que sus competencias se restringen a la información almacenada en los sistemas de Interpol y que, por lo tanto, no le corresponde pronunciarse sobre investigaciones internas de Estados Unidos, sobre las decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ni sobre las sanciones económicas impuestas al jefe de Estado y a miembros de su familia.
En otras palabras: la ausencia de alertas rojas no equivale a un levantamiento de las medidas de la OFAC. Las sanciones de designación sobre Petro, su esposa Verónica Alcocer y sus hijos, vigentes desde octubre de 2025, operan en un plano distinto al de los mecanismos de cooperación policial internacional. Esas restricciones, como recordó El Heraldo, pueden afectar el acceso a servicios financieros, a operaciones bancarias internacionales y a transacciones canalizadas a través de entidades sujetas a la regulación estadounidense. Una cosa es la movilidad física del presidente por el mundo —que Interpol no restringe— y otra bien distinta es la operatividad de su patrimonio y de su familia ante el sistema financiero.
Hay un segundo elemento que merece atención. La defensa solicitó a Interpol que, ante una eventual inclusión futura de información sobre el mandatario en sus bases de datos, se le permitiera presentar argumentos antes de cualquier incorporación. Es un trámite defensivo legítimo, pero también revela un dato político relevante: el gobierno estaría anticipando nuevas acciones de la justicia estadounidense y buscaría blindar al presidente por la vía procedimental.
Petro escribió en su cuenta de X que no hay nada que le impida moverse por el mundo y que no es cierta una eventual extradición. Añadió que, según su propia versión, jamás ha estado vinculado con negocios mafiosos ni ha financiado su campaña con recursos oscuros. Son afirmaciones del presidente, no hallazgos de autoridad competente. La OFAC, cuando impuso las designaciones, se fundó en presunciones de actividades ilícitas y de vínculos con narcotráfico que, según el Tesoro estadounidense, comprometerían la integridad del funcionario. Esas determinaciones no se desvanecen por una carta de Interpol.
Este episodio deja dos lecciones. La primera, de carácter institucional: conviene no confundir planos. Interpol es un mecanismo de cooperación policial; la OFAC es un instrumento de política exterior y de control financiero. Mezclar las dos canastas para presentar un resultado como un triunfo diplomático es, en el mejor de los casos, un ejercicio de imprecisión. La segunda lección es de pedagogía pública: el país necesita discutir las sanciones de la OFAC con seriedad, sin aplaudirlas como venganza ni relativizarlas como intrascendentes.
El desafío del gobierno, ahora, no es pelearse con Interpol ni con el Departamento del Tesoro en redes sociales. Es construir, en Colombia, una defensa judicial que responda a las imputaciones específicas de la OFAC y que, si el presidente considera que las acusaciones carecen de fundamento, lo demuestre en las instancias correspondientes. Hasta entonces, lo que existe es una presunción de la autoridad estadounidense, no desvirtuada por la comunicación divulgada esta semana.
La transparencia, en este caso, no debería pasar por la pantalla de X sino por los despachos donde se definen responsabilidades.