El movimiento administrativo
El Superintendente Nacional de Salud solicitó el 12 de mayo la renuncia de los interventores designados en siete Entidades Promotoras de Salud bajo administración estatal. Según reportó Publimetro, la medida condiciona la permanencia de estos funcionarios a una evaluación de indicadores operativos: respuesta a peticiones y quejas, entrega de medicamentos y calidad del servicio prestado a afiliados.
La decisión tiene un propósito administrativo claro: responsabilizar a los gestores actuales por resultados deficientes y establecer un período de prueba antes de confirmar o remover a quienes dirigen Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, S.O.S. y Capresoca. Procedimentalmente, es una herramienta legítima de gestión pública.
Pero la solicitud revela un problema más profundo que la propia administración reconoce implícitamente: después de años de intervención estatal, estas entidades continúan deteriorándose operativamente.
El diagnóstico oficial sobre las intervenciones
Según Publimetro, la Contraloría General de la República advirtió recientemente que las intervenciones presentan deterioro crítico y sostenido en la operación de hospitales y clínicas, y que no han logrado el objetivo de estabilización financiera que las justifica.
El Superintendente coincidió con ese diagnóstico en declaraciones a Caracol Radio. Según la misma fuente, reconoció que las intervenciones no han funcionado para rescatar entidades en crisis ni en la administración actual ni en gobiernos anteriores. Esa admisión es relevante porque proviene de quien dirige la entidad responsable de ejecutarlas.
Las intervenciones son herramientas de último recurso. Se implementan cuando una EPS incurre en quiebra técnica o administrativa y el Estado asume su administración directa. Si después de años bajo control estatal el diagnóstico oficial es que el deterioro persiste, entonces hay una pregunta de política pública que trasciende la capacidad individual de los funcionarios designados.
El problema de la atribución de responsabilidad
La solicitud de renuncia masiva sugiere una estrategia comprensible: cambiar los gestores para mejorar indicadores medibles. Las demoras en medicamentos, las quejas de afiliados, la deuda hospitalaria son variables visibles y atribuibles a decisiones administrativas. Un interventor puede ser removido. Un modelo de política pública requiere análisis más profundo.
La pregunta ausente en la agenda pública es si el modelo de intervención estatal es viable como instrumento de rescate. Si siete EPS bajo administración directa continúan deteriorándose según el diagnóstico de la Contraloría, la variable no es únicamente la eficiencia de los gestores. La contratación de medicamentos, la gestión de nómina, la negociación con proveedores: todo eso sigue sujeto a restricciones presupuestales, trámites administrativos y presiones políticas que no desaparecen porque el Estado sea el accionista.
La evaluación que falta
La Superintendencia anunció que el período de evaluación determinará quiénes cumplen metas y quiénes deben apartarse. Procedimentalmente es correcto. Pero la administración debería también responder una pregunta que sus propios datos sugieren: ¿cuál es el plan si después de remover a estos interventores y designar nuevos, el deterioro persiste?
Cuántos ciclos de renovación de personal se justifican antes de reconocer que el problema no es únicamente gerencial sino sistémico. Cuántas veces puede el Estado cambiar interventores en una misma entidad sin evaluar si la intervención como instrumento ha cumplido su propósito declarado.
Según la Contraloría, no lo ha hecho. Eso no es opinión de este columnista. Es el diagnóstico del órgano de control fiscal.
Lo que falta en la agenda
La solicitud de renuncias es un gesto administrativo que puede mejorar indicadores puntuales si los nuevos interventores son más eficientes en ejecución presupuestal o gestión de quejas. Pero no resuelve la pregunta de fondo: si el Estado no ha logrado estabilizar financieramente estas entidades después de años de intervención, ¿por qué persistir en ese modelo sin una evaluación de viabilidad?
La administración tiene derecho a intentar nuevamente con gestores distintos. Pero también tiene la responsabilidad de establecer un punto de quiebre: cuántos años, cuántos interventores, cuántos ciclos de evaluación son necesarios antes de reconocer que la intervención no ha logrado sus objetivos declarados.
Esa es la conversación que falta en la agenda pública de salud. No es una crítica a la gestión individual. Es una pregunta sobre la viabilidad de una política que los propios datos institucionales sugieren que requiere una evaluación de fondo.