La encuestadora Invamer confirmó este viernes, según reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio, que no publicará una medición de intención de voto para la segunda vuelta presidencial del 29 de junio. La decisión marca el fin de una presencia ininterrumpida en la política colombiana desde 1994 y deja a los votantes, a los medios y a los propios candidatos con un dato menos para leer el momento electoral.
La explicación que circula no es la que muchos esperaban. No se trata, en principio, del descalabro de la primera vuelta: Invamer proyectó 44,6% para Iván Cepeda y 31,6% para Abelardo De la Espriella, y el resultado oficial fue 40,9% para Cepeda y 43,74% para De la Espriella, un誤差 de más de doce puntos en el caso del candidato del Pacto Histórico y de doce puntos en sentido inverso para el abogado. La firma reconoció márgenes equivocados. Pero la decisión de no publicar para el balotaje, según fuentes consultadas por Coronell, respondería a los “demasiados requisitos y costos absurdos” que impondría la nueva legislación sobre encuestas, junto con cambios en los mecanismos de transmisión de información y la aparición de nuevas tecnologías que las firmas consideran incompatibles con los lineamientos actuales.
El dato no es menor. GAD3, la encuestadora española, ya había desistido de publicar sondeos en la recta final de la primera vuelta por el mismo motivo. Es decir, no se trata de un caso aislado: dos firmas, con trayectorias y metodologías distintas, han tomado la misma decisión. Si la tendencia se consolida, el debate público de la segunda vuelta se quedará con menos mediciones independientes, y la única referencia visible hasta ahora es la de AtlasIntel, que en su más reciente sondeo, publicado el miércoles, ubica a De la Espriella con 52,6% frente a 44,8% de Cepeda, una ventaja de casi ocho puntos que coincide con la única serie consistente de los últimos sondeos divulgados por esa firma: 50% el 21 de mayo, 50,3% el 2 de junio y 52,6% en la medición más reciente.
La concentración del mercado de encuestas en un solo actor, en pleno balotaje, es un problema de información democrática. Una sola firma, por rigurosa que sea, no sustituye el contraste de metodologías distintas que durante décadas ofrecieron Invamer, Datexco, Cifras y Conceptos, EcoAnalítica o Yanhaas, entre otras. Cuando el electorado se entera del comportamiento de la opinión pública a través de un único proveedor, se reduce la posibilidad de identificar sesgos, errores sistemáticos o coincidencias sospechosas.
El Congreso debería revisar con urgencia la ley que habría motivado estas salidas. Si el objetivo era transparentar el sector y elevar la calidad de las mediciones, los resultados apuntan en dirección contraria: menos firmas publicando, menos pluralismo metodológico y, paradójicamente, menos información para el ciudadano. La regulación que pretende ordenar puede terminar concentrando. Y la concentración, en cualquier mercado, suele ser mala para el consumidor final, en este caso el votante.
También queda una lección para las propias encuestadoras. La publicación de la primera vuelta dejó en evidencia que los modelos de intención de voto están fallando más allá de los márgenes estadísticos aceptables. No es un fenómeno exclusivo de Colombia: en buena parte de América Latina los encuestadores han perdido precisión, en parte porque los comportamientos electorales se han vuelto más volátiles, más sensibles a los ciclos de noticias y a las campañas digitales, y menos predecibles a partir de variables demográficas tradicionales. Reconocer ese límite, en lugar de defender la infalibilidad del método, es un acto de honestidad profesional que el debate público colombiano está necesitando.
Faltan dos semanas para el balotaje. Los colombianos votarán con la información que tengan a la mano. Y la información, en esta campaña, será más escasa de lo que la tradición democrática del país estaba acostumbrada a exigir.