El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta el 27 de mayo sobre la comercialización fraudulenta de dos productos: “Potenciador masculino, marca Blix” y “Potenciador masculino, marca Blix Booster”. El problema no es menor: ambos utilizan de manera indebida registros sanitarios otorgados exclusivamente para alimentos y bebidas.
Según el comunicado de la entidad, Blix opera con el registro RSA-0010189-2020 y Blix Booster con la notificación NSA-002776-2017. Estas autorizaciones existen en el sistema regulatorio, pero nunca fueron expedidas para productos con propiedades afrodisíacas o de mejora del desempeño sexual. Se trata de un desvío deliberado de la clasificación regulatoria.
La maniobra es clara: los comerciantes aprovechan que una autorización sanitaria genera confianza en el consumidor. Al presentar números de registro válidos para alimentos, crean la ilusión de legalidad. Pero el Invima es categórico: estos productos incumplen la normatividad sanitaria vigente al ser promocionados con atribuciones de aumento de libido, energía y desempeño íntimo en plataformas de comercio electrónico.
Lo que hace particularmente grave esta situación es que productos de este tipo pueden contener sustancias no declaradas. El Invima advierte sobre riesgos especiales para personas con antecedentes cardíacos, hipertensión o que consumen medicamentos de forma permanente. La interacción entre componentes desconocidos y fármacos de uso crónico puede generar efectos adversos impredecibles.
Este caso ilustra una debilidad persistente en la vigilancia de comercio electrónico. Las plataformas digitales permiten que productos fraudulentos circulen sin intermediarios físicos que puedan verificar documentación. El Invima debe inspeccionar, pero la velocidad de replicación en internet supera frecuentemente la capacidad de control institucional.
La entidad recomendó a los ciudadanos abstenerse de adquirir estos productos y, si ya los poseen, suspender su consumo. También invitó a reportar su comercialización ante las autoridades sanitarias competentes. Sin embargo, la recomendación pasiva no es suficiente. Se requiere que el Invima escale las acciones de inspección, vigilancia y control, y que coordine con las plataformas de comercio electrónico para remover estos listados.
Este tipo de fraude regulatorio no es aislado. Refleja un patrón donde actores sin escrúpulos explotan los vacíos entre categorías normativas para evadir controles más estrictos. El sistema de registros sanitarios es robusto en teoría, pero depende de que los vigilados actúen de buena fe. Cuando no es así, la brecha entre la autorización formal y el uso real se convierte en riesgo público.
El Invima debe continuar adelantando sus acciones, pero también debe hacer públicos los resultados de esas inspecciones. La transparencia sobre dónde se detectan estos productos, quiénes los comercializan y qué sanciones se imponen es esencial para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas.