Cuatro noches sin electricidad en Isla Grande, Islas del Rosario. La Central de Generación Eléctrica que el IPSE inauguró en diciembre falló esta semana, dejando sin servicio a 392 hogares y comercios a tres días de la jornada electoral.
Según reportó La Opinión, Dayana Medrano, presidenta del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, explicó que la comunidad ve en un paro electoral la única manera de forzar respuesta: “Si no vienen de aquí al domingo, obligatoriamente nos tocará”, dijo a ese medio. El IPSE respondió que trabaja en reparaciones y aseguró que el servicio solar funcionará para la elección.
La inversión en la central alcanzó 21.443 millones de pesos, según datos que el Ministerio de Minas y Energía divulgó en la inauguración de diciembre. El sistema combina 900 paneles solares (544,5 kWp), baterías de litio de 1.929 kWh y respaldo diésel de 710 kW. Cinco meses después, el colapso plantea preguntas sobre la ejecución de proyectos de energía limpia en territorios aislados. No es un fallo administrativo menor. Es una prueba de si el Estado puede garantizar que las infraestructuras que financia siguen funcionando más allá de la ceremonia de entrega.
Bloquear una elección es ilegal. Viola el derecho al voto. Pero la amenaza de hacerlo revela algo más urgente: la brecha entre las promesas de electrificación y la realidad operativa en islas. Si el IPSE no resuelve esto antes del domingo, el daño no será solo electoral. Será sobre cómo territorios vulnerables aprenden a desconfiar de proyectos estatales de energía renovable.