La estrategia legal contra Israel por la guerra en Gaza ha alcanzado una escala sin precedentes en la historia del derecho internacional. Mientras el conflicto persiste en el terreno, dos tribunales de Naciones Unidas avanzan en paralelo: el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) examina acusaciones de genocidio, y el Tribunal Penal Internacional (TPI) investiga crímenes de guerra. Este doble cerco judicial marca un quiebre en cómo la comunidad internacional procesa conflictos armados de potencias regionales.
Para Colombia y la región andina, el caso israelí no es un espectáculo distante. Representa una tensión estructural que define cómo operan nuestras alianzas: la brecha entre la retórica atlantista sobre Estado de derecho y la capacidad real de las instituciones multilaterales para aplicar justicia de forma consistente.
Dos frentes legales, un mismo dilema
El TIJ, órgano judicial de la ONU, funciona como árbitro entre Estados. Sus sentencias son vinculantes pero carecen de mecanismo de ejecución forzosa. El TPI, en cambio, persigue individuos por crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Ambas instancias avanzan sin coordinación formal, lo que genera un efecto de presión acumulativa sobre el Gobierno israelí.
Lo relevante para Bogotá no es si Israel es culpable o inocente—eso corresponde a los jueces—sino que esta simultaneidad expone las fracturas del sistema multilateral. Cuando Colombia votó en la Asamblea General de la ONU en 2022 para suspender a Rusia por la invasión de Ucrania, asumió una posición clara sobre soberanía y derecho internacional. Pero esa misma lógica genera presión sobre aliados occidentales cuando sus acciones son cuestionadas en los mismos tribunales.
El precedente incómodo para Washington
Estados Unidos, principal aliado de Israel y referencia de la política exterior colombiana, no es miembro del TPI. Esto le permite mantener distancia formal de sus decisiones, pero no le exime de la presión política. Si el TPI emite órdenes de captura contra funcionarios israelíes, Washington enfrentará dilemas sobre visas, extradiciones y cooperación judicial que afectarán su credibilidad como defensor del orden basado en reglas.
Para Colombia, que depende de cooperación estadounidense en seguridad, narcotráfico y comercio, esto importa. Si la administración Biden o sus sucesores deben elegir entre respaldar a Israel o mantener la coherencia institucional, esa tensión se filtra hacia los aliados regionales. Bogotá no puede permitirse el lujo de una posición ambigua.
El riesgo de la selectividad
El ciclo de denuncias contra Israel también expone una verdad incómoda: la justicia internacional es selectiva. Rusia no enfrenta un TPI activo por Ucrania porque Moscú no reconoce la corte. China no comparece por Xinjiang. Venezuela no ha sido procesada por crímenes de lesa humanidad documentados por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, en parte porque Caracas rechaza la jurisdicción internacional.
Israel, en cambio, es miembro de facto del sistema occidental. Esto lo hace más vulnerable a la persecución legal, pero también revela que el derecho internacional funciona principalmente contra actores que respetan, aunque sea parcialmente, las instituciones que los juzgan. Para regímenes que rechazan de plano la legitimidad de estos tribunales, la justicia internacional es teatro.
Colombia debe preguntarse si esta asimetría debilita o fortalece el multilateralismo que defendemos. Si la respuesta es que debilita, entonces el argumento para expandir la jurisdicción del TPI pierde fuerza. Si fortalece, entonces debemos presionar para que la selectividad disminuya.
Implicaciones para la región
El cerco legal a Israel también afecta cómo gobiernos de la región justifican sus propias políticas de seguridad. Si el TPI avanza contra aliados occidentales, ¿qué precedente sienta para futuras investigaciones sobre operaciones militares en Colombia, Perú o Bolivia? El argumento de “defensa existencial” que esgrime Israel es similar al que gobiernos latinoamericanos usan para justificar operaciones contra grupos armados irregulares.
Esto no es un argumento para ignorar crímenes de guerra. Es un recordatorio de que la justicia internacional debe ser consistente o perderá legitimidad. Y una justicia internacional sin legitimidad es solo poder disfrazado de derecho.
La salida estrecha
Para Israel, el camino es complejo: debe demostrar que sus operaciones respetan el derecho humanitario internacional sin renunciar a su seguridad. Para Colombia, la lección es que la defensa del Estado de derecho es más creíble cuando se aplica sin excepciones geográficas o políticas. Eso significa presionar a aliados cuando es necesario, no por populismo sino por coherencia.
El ciclo de denuncias contra Israel no terminará pronto. Pero su resolución definirá si la justicia internacional es un sistema o un instrumento. Para un país como Colombia, que apuesta por instituciones, la diferencia es existencial.