La vereda El Ajizal, en el sur de Itagüí, atraviesa una crisis de seguridad que las autoridades locales y la Policía Metropolitana enfrentan con una estrategia de tres frentes. Ocho homicidios en menos de diez días han forzado la activación de operativos intensivos en la zona, según reportó Caracol Radio.
Las muertes responden a enfrentamientos entre dos grupos criminales por el control territorial y de rentas ilegales. Ante esto, el alcalde Diego Torres anunció una recompensa de 80 millones de pesos para quienes suministren información sobre los responsables. “Puedo pedirles a todos los habitantes del sector que hay una recompensa de 80 millones de pesos para los que suministran información por lo que viene ocurriendo aquí”, indicó Torres en declaraciones recogidas por Caracol Radio. El funcionario también señaló que varios de los implicados ya están identificados e individualizados.
Los operativos coordinados entre la alcaldía y la Policía Metropolitana han dejado resultados medibles. Según el subcomandante de la Policía Metropolitana citado en la fuente, se reportan seis capturas por diferentes delitos, tres de ellas en flagrancia. Los decomisos incluyen un revólver, munición (55 cartuchos calibre 5.56), estupefacientes (598 dosis de marihuana y cocaína), dos equipos móviles y documentación operativa. La alcaldía informó que el despliegue incluye más de cien policías en la zona.
Un factor adicional complica la dinámica: panfletos digitales circulan en redes sociales anunciando toques de queda ilegales y amenazas de “limpiezas sociales”. Las autoridades pidieron a la población no dejarse intimidar por esa campaña de desinformación. Esto sugiere que los grupos en conflicto utilizan tanto violencia directa como presión psicológica digital para desplazar civiles o desalentar denuncias.
Este patrón trasciende a Itagüí. Otros municipios del Valle de Aburrá reportan dinámicas similares: enfrentamientos territoriales por rentas ilícitas, recompensas como herramienta de inteligencia comunitaria, y uso de redes sociales para amplificar intimidación. La pregunta abierta es si los operativos logran interrumpir el ciclo o solo generan contención temporal mientras la violencia busca nuevos canales cuando la presión disminuye.