El 28 de agosto de 2026, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena resolvió una acción de tutela presentada por asociados de Coosalud y declaró ilegal la intervención que la Superintendencia de la Economía Solidaria había extendido sobre esa cooperativa. La decisión, reportada por El Universal de Cartagena, anula las resoluciones 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024 y 2026140001575 del 10 de marzo de 2026, con las que se había prolongado la medida de administración especial sobre la entidad.
El fallo ordena al agente interventor, Bayron Arrieta Jiménez, entregar en un plazo máximo de cinco días hábiles la administración contable, financiera y operativa de Coosalud a la Asamblea General de Delegados, máximo órgano de dirección de la cooperativa. Además, dispone publicar la sentencia en la página web de Coosalud y en un lugar visible de sus oficinas durante al menos 30 días, y remitirla a la Cámara de Comercio de Cartagena.
Coosalud, de origen cartagenero, reporta 3.356.753 afiliados en todo el país, según los datos consignados en la sentencia y reproducidos por El Universal. La cifra dimensiona lo que está en juego: no se trata de una cooperativa menor, sino de uno de los operadores más relevantes del régimen subsidiado en Colombia.
El juez no entró a discutir la pertinencia original de la intervención. Su cuestionamiento fue más preciso: la sola existencia de actuaciones pendientes no justifica, por sí misma, mantener una medida de carácter excepcional como la toma de posesión. El despacho consideró que la Supersolidaria debió explicar cuáles de las dificultades que originaron la medida seguían vigentes y por qué la administración especial continuaba siendo el instrumento adecuado para la recuperación. Esa carga argumentativa, según la sentencia, no se cumplió.
Los accionantes habían señalado que la intervención vulneró sus derechos a la libre asociación, a la participación democrática interna, al acceso a la información, al debido proceso administrativo, a la buena fe, a la confianza legítima y a la propiedad sobre sus aportes sociales. Adujeron, además, que algunos asociados llevaban cerca de 19 meses sin poder retirar sus ahorros y que durante la intervención se sucedieron varios agentes especiales, lo que habría afectado la continuidad de la gestión.
Hay tres elementos que esta columna quiere subrayar.
Primero, el principio de excepcionalidad. Las medidas de toma de posesión sobre entidades del sector solidario están reservadas a situaciones graves y deben estar debidamente motivadas. Cuando se prorrogan sin una justificación técnica suficiente, el control judicial cumple exactamente la función que la Constitución le asigna.
Segundo, los derechos de los asociados. Una intervención prolongada no solo suspende la autonomía de gobierno de la cooperativa: también congela los ahorros de los vinculados y limita su capacidad de decisión sobre una entidad que, por su naturaleza, les pertenece. El dato de los 19 meses sin disposición de aportes no es menor.
Tercero, la cadena de decisiones administrativas. Las dos resoluciones anuladas se dictaron con casi quince meses de diferencia, la primera en diciembre de 2024 y la segunda en marzo de 2026. En ambos casos, según el juzgado, la motivación resultó insuficiente. ¿Se trata de un patrón de prórroga automática más que de evaluación técnica del estado real de la cooperativa? Es una pregunta que la Supersolidaria debería responder.
La Supersolidaria queda habilitada para impugnar la decisión en las instancias correspondientes. Mientras tanto, la Asamblea General de Delegados deberá convocar una sesión extraordinaria para designar los órganos de administración que recibirán la cooperativa.
Cuando un juez de tutela declara ilegal una intervención de esta magnitud, la noticia no es solo judicial: es institucional. Recordar que las medidas extraordinarias tienen límites y que esos límites se controlan es, justamente, lo que sostiene la credibilidad del Estado frente a los administrados.