El domingo 15 de junio, un ciudadano estadounidense fue capturado en un apartamento del norte de Bogotá en un caso que involucra a tres hermanos —de aproximadamente 4, 7 y 15 años— que se encontraban en la etapa final de un proceso de adopción internacional. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres, confirmó que los menores están bajo custodia del ICBF y que recibieron atención hospitalaria bajo el protocolo Código Blanco en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.
Lo que resulta más inquietante de las declaraciones de Cáceres, recogidas por Pulzo, es el momento en que habrían ocurrido los hechos: durante los siete días de integración entre los menores y la familia adoptante, período supervisado por una Institución Autorizada para Adelantar Procesos de Adopción (IAPA). Es decir, no se trata de un caso de abandono o vulnerabilidad en un hogar informal. El proceso se estaba adelantando dentro del marco regulatorio que el propio Estado colombiano diseñó para proteger a los niños en adopciones internacionales.
La funcionaria señaló que el hospital “no identificó signos de violencia” en las primeras valoraciones, pero que las conclusiones dependerán de los dictámenes de Medicina Legal. El Tiempo reportó que los exámenes iniciales tampoco habrían arrojado hallazgos concluyentes. Esa cautela es razonable en una etapa procesal temprana. Lo que no es razonable es que un hecho de esta gravedad haya podido ocurrir precisamente en la fase que la ley presume como la más protegida.
Hay tres preguntas que el ICBF y las IAPA deberán responder con documentos, no con declaraciones:
Primera, ¿qué controles operaron durante los siete días de integración y por qué no se activaron alertas tempranas? La norma contempla que estas instituciones son “muy poquitas y muy especializadas”, según la propia directora. Si son tan especializadas, la falla no puede explicarse solo como un hecho aislado.
Segunda, ¿qué seguimiento tenía la IAPA encargada del proceso, cuánto personal supervisó la convivencia y con qué frecuencia se reportaron novedades al ICBF y a la Defensoría de Familia? El expediente del proceso de restablecimiento de derechos, la declaratoria de adoptabilidad y la resolución de asignación deben ser públicos en lo que no afecte a los menores.
Tercera, ¿qué cooperación internacional se está activando con las autoridades del país de origen del capturado? Una adopción internacional no se agota en la entrega del niño: la propia normativa exige reportes periódicos al Estado de recepción. Si esos reportes no se estaban cumpliendo, el problema no es solo de Bogotá.
El caso pone a prueba la capacidad institucional del ICBF en uno de los momentos más sensibles de su gestión. Hasta ahora, la entidad ha cumplido con los protocolos de atención inmediata —hospital, custodia, acompañamiento multidisciplinario—, pero la ciudadanía no puede conformarse con eso. La presunción de inocencia del capturado debe respetarse; la protección de los menores debe garantizarse; y el sistema de adopción internacional debe demostrar que los controles que existen en el papel funcionan en la práctica.
Cuando un proceso de adopción que pasó por un juez, por una comisaría, por una defensoría de familia y por una IAPA especializada termina con un capturado y tres hermanos bajo protección, el problema no es solo de un individuo. Es de un sistema que, en algún punto, no hizo lo que debía hacer.
La Fiscalía avanza con la investigación. Medicina Legal entregará sus dictámenes. El ICBF deberá entregar, esta vez por escrito y con números, qué falló en los controles. Lo que se decida en las próximas semanas definirá si este caso queda como una tragedia excepcional o como la evidencia de una grieta estructural en la política de adopción internacional del país.