El 14 de julio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó en Blu Radio que el Edificio de la Aduana funcionará como sede alterna del Gobierno nacional durante la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella. Según reportó Vanguardia, la medida se oficializaría el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial, y se inscribiría en una apuesta por descentralizar funciones del Ejecutivo.
La elección del inmueble no es trivial. La Aduana es uno de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico de Barranquilla y ha tenido usos cambiantes en las últimas décadas. Su destinación como despacho presidencial alterno implica un acto administrativo que, hasta donde se conoce, no se ha detallado en decreto alguno ni ha pasado por el trámite ante el Congreso. Char se limitó a anunciar la medida en una entrevista radial, lo que deja abiertas preguntas sobre el sustento jurídico, la figura de “sede alterna” en la organización presidencial y la fuente de los recursos para su adecuación.
El alcalde agregó que la iniciativa no será protocolaria. Anunció presencia frecuente de ministros y altos funcionarios en la ciudad para coordinar reuniones y avanzar en proyectos estratégicos de la región Caribe. Entre las prioridades mencionó obras de infraestructura para la zona, la llegada de Elsa Noguera al Ministerio de Transporte y la conformación de un bloque de seguridad que, según Char, integraría capacidades de inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional. No se conocen todavía los lineamientos operativos, la dependencia que lo lideraría ni los recursos asignados.
Lo que se presenta como una decisión de descentralización merece, al menos, tres precisiones. Primera, en Colombia no existe en el ordenamiento vigente la figura de “sede alterna del Gobierno” con un régimen claro; cualquier uso distinto de la Casa de Nariño o de dependencias oficiales requiere actos administrativos expresos del propio Ejecutivo. Segunda, la concentración de funciones ejecutivas en una ciudad gobernada por un aliado político del presidente sugiere un patrón que el próximo gobierno y los organismos de control deberán evaluar. Tercera, la relación entre la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno nacional se anuncia con una cercanía que conviene observar: ¿bajo qué criterios técnicos se seleccionó el inmueble?, ¿qué dependencia administrará su adecuación?, ¿qué rubros presupuestales se verán afectados?
En el balance, la iniciativa puede ser leída como un reconocimiento a la importancia económica y logística del Caribe, o como un movimiento de consolidación regional en el arranque de un gobierno que necesitará aliados legislativos y territoriales. Las dos lecturas no se excluyen. Lo que sí es exigible es que la medida se formalice con criterios técnicos y jurídicos verificables, que el Congreso y la ciudadanía conozcan su sustento, y que la seguridad, la infraestructura y la conexión vial anunciadas tengan cronogramas, contratos y fuentes de financiación públicas.
La Bitácora seguirá el expediente desde el primer decreto.