El 12 de junio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revirtió el corredor Perimetral del Oriente de Bogotá tras declarar la terminación anticipada del contrato de concesión suscrito con la sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. La decisión abre un nuevo proceso de contratación para definir quién asumirá la operación y el mantenimiento de uno de los proyectos de infraestructura vial más relevantes del suroriente de la capital.
La reversión es el mecanismo administrativo previsto en los contratos de concesión cuando se configura una causal de terminación anticipada. Una vez revertido el corredor, la infraestructura vuelve formalmente al Estado y la ANI queda habilitada para asignar un nuevo operador, generalmente mediante un proceso licitatorio o, en casos de urgencia, a través de contratación directa bajo las causales del Estatuto General de Contratación.
Según reportó La República, la ANI avanza ahora en la selección de los nuevos encargados del proyecto. El medio no publicó, al cierre de esta nota, el nombre de los proponentes ni el mecanismo de selección que se utilizará, por lo que corresponde esperar la publicación del proceso en Secop II para verificar si se trata de una licitación pública, una selección abreviada o una contratación directa.
El proyecto Perimetral del Oriente hace parte de la red de accesos a Bogotá y conecta municipios del suroriente como Soacha, Sibaté, Chipaque, Cáqueza, Une, Fosca y Gutiérrez, además de servir como corredor de salida hacia los Llanos Orientales. Su operación incluye mantenimiento rutinario, atención de emergencias y, en algunos tramos, obras de mejora. La reversión, en consecuencia, no es un trámite menor: durante el periodo de transición, la ANI debe garantizar la prestación del servicio y la conservación de la infraestructura.
Tres puntos quedan pendientes de verificación documental. Primero, la causal específica de terminación anticipada invocada por la ANI, que debe estar consignada en el acto administrativo y en la gaceta contractual. Segundo, el estado de las obras pendientes y de las garantías del contrato anterior, información que la Contraloría y la Procuraduría suelen rastrear en procesos de responsabilidad fiscal. Tercero, el tiempo estimado para la adjudicación del nuevo contrato, clave para evitar un vacío de operación en el corredor.
La reversión de un proyecto de 4G de esta magnitud es un evento excepcional dentro del programa de concesiones viales. Cuando ocurre, la lectura estándar es que el modelo de asociación público-privada enfrentó dificultades que no pudieron resolverse dentro del contrato original. La ANI, como entidad contratante, tiene la obligación de publicar un informe técnico y financiero que explique las razones de la terminación y el cálculo de las compensaciones, si las hubo.
Para los usuarios del corredor, la prioridad es operativa: quién atiende los puntos críticos, quién responde por la señalización y quién asume el mantenimiento mientras se define el nuevo operador. Para la opinión pública, la prioridad es de transparencia: que el proceso de selección del reemplazo se haga con pliegos públicos, evaluación objetiva y trazabilidad en Secop II.
La Bitácora seguirá el expediente contractual y publicará los hitos del nuevo proceso en cuanto aparezcan en el sistema electrónico de contratación.